En una rueda de prensa celebrada en Donostia, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y la secretaria de Organización, Rebeka Ubera, presentaron una serie de «medidas de urgencia» con el fin de «paliar la gravísima situación socioeconómica» actual.

A su juicio, ha llegado el momento de que las instituciones «corten las cadenas que les unen al poder económico especulativo y de poner la política y las instituciones al servicio de las personas y del pueblo».

En este sentido, abogaron por «situar la economía al servicio de la ciudadanía, y no la ciudadanía al servicio de la economía neoliberal» y mantuvieron que existen los instrumentos para conseguirlo si hay voluntad política.

Los dirigentes de Aralar reclamaron que todo trabajador desempleado tenga garantizada «una ayuda permanente del fondo europeo, del Estado o de las instituciones locales». «Europa debe tener en cuenta que los parados son ciudadanos europeos y que es a ellos a quien se debe ayudar y proteger en esta grave situación, y no a las entidades financieras que están continuamente robando a la ciudadanía», defendieron.

Tras denunciar que «las entidades financieras no son europeas, ya que su única patria es el dinero», Ubera y Zabaleta reclamaron que se paralicen legalmente los desahucios de viviendas habituales mientras el sistema financiero siga percibiendo ayudas públicas.

«Es un absoluto escándalo que los que están recibiendo ayudas públicas quiten viviendas a la ciudadanía», sostuvieron, para añadir que el rescate financiero, debería de serlo a la sociedad.

Negociación colectiva

Por otro lado, desde Aralar abogaron por «blindar la negociación colectiva», para lo cual consideran necesario «democratizar la legislación laboral», además de «terminar con la precariedad laboral. Es necesario fortalecer y desarrollar la estructura de la negociación colectiva, mientras se consigue el marco propio de relaciones laborales», afirmaron los dirigentes de Aralar. Por otro lado, apostaron por mantener un compromiso «firme para erradicar toda corrupción, empezando desde la Administración».

Para ello, defendieron el desarrollo de «la Ley de Corporaciones de Empresas Públicas, entre otras medidas» con los objetivos de «evitar el despilfarro de dinero público, garantizar el control público y como instrumento público para mantener y crear empleo de calidad».