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El ACNUR advierte de la grave situación de los 110.000 desplazados rohingya

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GARA | RANGÚN

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó ayer de que la última ola de violencia en el estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, entre budistas y musulmanes rohingya ha provocado más de 80 muertos y 35.000 desplazados. La cifra total de desplazados desde junio, cuando hubo otro brote de violencia, asciende ya a 110.000.

Según el portavoz del ACNUR, Adrian Edwards, el Gobierno birmano estima que en las últimas semanas unas 35.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas. El personal de esta agencia de la ONU que ha visitado las localidades afectadas ha constatado que necesitan «alimentos y cobijo urgentes».

Algunos de los refugiados les informaron, además, de que un número indeterminado de niños quedaron abandonados en la huida por sus familiares y que presentan signos de desnutrición, señaló Edwards.

Algunos de los desplazados se han instalado en los campamentos ya existentes cerca de Sittwe, la capital del estado, lo que ha obligado a las autoridades a buscar nuevos emplazamientos para afrontar este flujo, según el portavoz.

El miércoles pasado, una embarcación con decenas de personas a bordo, en su mayoría musulmanes rohingya que huían de la violencia, naufragó en aguas de la bahía de Bengala.

El hundimiento se produjo cuando trataban de acceder a un barco de mayor tamaño.

«Entre 100 y 130 personas viajaban en un pequeño barco pesquero. Aproximadamente, un tercio eran bangladeshíes y dos tercios de Birmania, de la comunidad rohingya. Se dirigían hacia Tailandia. El barco se partió y la gente cayó al agua en una zona cerca del límite marítimo entre Bangladesh y Myanmar. Los seis supervivientes fueron encontrados por pescadores locales», explicó Mohamed Farhad, inspector de Policía de la localidad suroriental bangladeshí de Teknaf. El resto sigue todavía desaparecido.

Ni Myanmar ni Bangladesh reconocen la existencia de esta etnia, una de las más pobres y marginadas del mundo. El enviado especial de la ONU a Myanmar, Tomás Ojea Quintana, emplazó al Gobierno a «abordar la endémica discriminación de la comunidad rohingya, que existe en los gobiernos locales, en los regionales y en el nacional, así como en toda la sociedad en su conjunto».

La experta en minorías de la ONU Rita Izsák subrayó que «la comunidad rohingya es especialmente vulnerable. Históricamente han sido marginados, convirtiéndose en víctimas fáciles de violaciones de los derechos humanos». Recordó al Gobierno «su obligación de proteger a todos los afectados por la violencia sectaria, garantizando su seguridad y atendiendo sus necesidades urgentes, como la vivienda, el alimento y el acceso a los sistemas sanitario y educativo». La experta en desplazados internos de la ONU Chaloka Beyani advirtió de que el conflicto en Rakhine sirve de excusa «para mover permanentemente de un sitio a otro a una comunidad que nunca es bien recibida».

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