Puerto Rico vota en referéndum no vinculante su estatus respecto a EEUU
Puerto Rico vota el próximo martes en referéndum si mantiene su estatus actual respecto a Estados Unidos, como Estado Libre Asociado o lo cambia. En ese caso, se le plantea una triple opción: Un estado más de EEUU o un «estado libre asociado soberano» o la independencia. En cualquier caso, la consulta no es vinculante ya que la última palabra la tiene Washington, por lo que los independentistas hostosianos la consideran fraudulenta.
GARA | SAN JUAN
Mientras los estadounidenses eligen a su próximo presidente, 2,4 millones de puertorriqueños están convocados a las urnas para -además de elegir gobernador, legisladores, alcaldes y representante ante Washington- decidir si mantienen su actual situación de Estado Libre Asociado, se integran como un estado más de Estados Unidos u optan por la independencia.
La consulta -no vinculante, ya que en última instancia decide el Congreso de EEUU- consta de dos preguntas: en la primera se consultará si desean cambiar su actual estatus político territorial como Estado Libre Asociado; en caso afirmativo, la segunda pregunta les planteará la opción de elegir entre la anexión total a Estados Unidos, la independencia total o una «asociación libre soberana».
El referéndum es una iniciativa del actual gobernador de la isla, Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), que apuesta por la anexión como un estado más. «Seremos líderes de los hispanos cuando formemos parte de Estados Unidos», afirmó en un mitin.
Los argumentos de los anexionistas, que también tratan de generalizar la enseñanza del inglés en el sistema educativo en lugar del español, es ser tratados como un estado más.
«No es agradable ser reclutado para la guerra de un país en el que uno no puede participar en las elecciones», afirma Kenneth McClintock, secretario de Estado de Puerto Rico, quien también lamenta la jurisdicción de jueces federales y de un Congreso que no han elegido los puertorriqueños.
Crisis económica y paro
Por contra, la oposición liderada por el Partido Popular Democrático (PPD), cuyo candidato a gobernador es Alejandro García Padilla, apoya la alternativa del Estado Libre Asociado vigente en la actualidad.
Analistas locales estiman que esta alternativa se ve impulsada por el temor de la población a que se diluya su identidad nacional y a que dejen de llegar fondos desde Washington.
Padilla acusa a Fortuño de haber convocado la consulta para ocultar la profunda crisis económica y la violencia asociada al narcotráfico. Puerto Rico sufre un paro superior al 15% y más de mil muertes violentas en 2011 sobre una población de 3,7 millones de habitantes.
En cuanto al Partido Independentista puertorriqueño apoya abiertamente la plena soberanía. Desde el campo independentista, el movimiento hostosiano considera el plebiscito fraudulento por no ser vinculante. «EEUU tiene el control absoluto sobre el país», denuncian. Aseguran que, pese al escaso apoyo que refleja la opción independentista en las urnas, existe una afirmación nacional en un proceso de construcción.
La puertorriqueña Vilema Verón, integrante del Colegio de Abogados de Puerto Rico, opina que «el Gobierno intenta sacar a sus huestes a votar ante una gestión nefasta, con 30.000 empleados públicos despedidos, el desempleo y el impacto de la recesión económica».
En cuanto a la elección a gobernador, Fortuño pide continuidad para su proyecto y ha tratado en los últimos meses de presentar un escenario de recuperación económica que no confirman las estadísticas. El gobernador, que heredó un déficit fiscal de 3.200 millones de dólares de la anterior Administración, subraya que el despido de decenas de miles de empleados públicos fue un mal necesario del que se recogerán frutos.
García Padilla responde que durante la mayor parte de la legislatura el desempleo superó el 15% -5 puntos más que cuando Fortuño llegó al poder-, y propone un programa que incluye la creación de 50.000 nuevos empleos en los próximos 18 meses con el apoyo de incentivos a las empresas, ayudas a la exportación de productos puertorriqueños y la mejora de la cualificación de los trabajadores.
La última encuesta sobre el estatus reflejó que el 51 % de los puertorriqueños es favorable a mantener el statu quo, frente a un 39% que quiere ponerle fin. Sobre la segunda pregunta, el 44% de los puertorriqueños estaba a favor de la anexión, un 42% quiere el Estado Libre Asociado Soberano y un 4% la independencia.
Tanto el candidato demócrata como el republicano a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama y Mitt Romney han asegurado que respetan el derecho de los puertorriqueños a decidir sobre su condición de Estado.
Puerto Rico pertenece a Estados Unidos desde 1898, cuando fue arrebatado militarmente a España. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pese a lo cual no tienen derecho a voto en Estados Unidos, a menos que residan en ese país.
No obstante, los puertorriqueños sí se encuentran bajo la jurisdicción de los jueces federales norteamericanos e incluso, cuando todavía había servicio militar obligatorio, fueron reclutados a la fuerza por el Ejército estadounidense para participar en guerras aprobadas por un Congreso a cuyos miembros no habían podido votar. Recibe fondos del Gobierno federal, pero no paga impuestos federales.
La isla recibió el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos en 1952. Hasta ahora ha llevado a cabo tres consultas sobre su estatus (1967, 1993 y 1998), en las que los habitantes de Puerto Rico han rechazado tanto la pertenencia total a Estados Unidos como la independencia. En 1993 y 1998 la opción de convertirse en un estado más obtuvo más del 46% de los votos. El último año se incluyó la opción «ninguna de las anteriores», que ganó por escasa mayoría, poco después de que el huracán «Georges» azotara la isla causando daños por 2.000 millones de dólares y destruyendo más de 33.000 viviendas.
La Constitución puertorriqueña, aprobada por el Congreso de Washington y en vigor desde el 28 de julio de 1952, se supedita a esa Cámara, lo que implica, además, que las decisiones del Tribunal Supremo local puedan ser recurridas ante la Corte Suprema de Estados Unidos. GARA
