A partir de esta situación se resetean los discursos políticos, las medidas de control, los trámites y las monsergas administrativas. La judicatura deberá hacer providencias, la fiscalía buscar imputaciones. Los políticos hacen declaraciones con las que se colocan, como siempre, al margen de cualquier responsabilidad, como si ellos no fueran nada más que un ente que está por encima de lo coyuntural. Como es Madrid, la prensa del régimen intentan cortocircuitar cualquier vínculo de las muertes con la alcaldesa, con sus concejales, con sus técnicos superiores o jefes de negociados. Es un edificio municipal, pero al estar alquilado, se convierte en privado. Magia administrativa. Así que rebobinando uno se siente en un déjà vu, en unas imágenes de dolor de las familias, de relatos de lo sucedido que nos colocan ante la incredulidad por la falta de control administrativo y policial, del oportunismo de los programas carroñeros de la televisión para explotar el dolor y de la absoluta sensación de que una vez más los responsables, por acción u omisión, van a salir impunes, sin despeinarse.

Seguramente el retrógrado mayor Ruiz Gallardón anunciará cambios en las leyes para implementar su golpe de estado en el código penal, y a esperar.