El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de Derechos Humanos a la hora de prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado el pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vigencia concluye en este mismo año. En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha comprometido ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió en una Proposición no de Ley presentada por el PNV en febrero. Una nueva iniciativa que no oculta el hecho de que, en cuatro años, apenas se ha cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los apartados de «Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», que apenas llega al 35%, y a los Derechos Sociales, con un escaso 30%. El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos «se han dado pasos para el cumplimiento formal» de estas medidas, «no se ha producido un cumplimiento efectivo de los objetivos perseguidos».

En relación a los arrestos en régimen de incomunicación, el documento recuerda que ya en 2008 se marcaban cuatro puntos destinados a «mejorar las garantías de los detenidos», todas ellas inspiradas en las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Ninguna de ellas se da por cumplida.

Cuatro medidas pendientes

En concreto, las medidas son cuatro: prohibir la aplicacion de la incomunicación a los menores de edad «con independencia del delito que presuntamente hayan cometido»; grabar en vídeo u otro soporte audiovisual todo el tiempo de permanencia del detenido en dependencias policiales; garantizar que el arrestado pueda ser reconocido por otro médico además de por el forense (hace referencia a un facultativo de un futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y la elaboración de un protocolo que regule las comprobaciones médicas a realizar a todo detenido bajo régimen de incomunicación.

Según recoge el borrador de la evaluación entregado a los diputados, estas medidas se encuentran «en desarrollo», lo que implica que no se han cumplido. Tampoco da explicaciones sobre qué pasos se han dado en cuestiones como, por ejemplo, grabar toda la estancia del detenido en comisaría. Sobre la primera, el Gobierno se escuda en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que quedó pendiente con el anterior Ejecutivo del PSOE y que ahora tiene previsto abordar el PP. Esta referencia se aplica también a la tercera de las recomendaciones.

Sobre la segunda, el informe hace referencia a que en la ficha de seguimiento fechada en mayo de 2011 «dio por cumplida, quizá de forma harto generosa» esta medida, asumiendo la necesidad de dotar a Policía española y Guardia Civil de «medios necesarios para dar cumplimiento a todas las resoluciones». Cabe recordar que recientes juicios, como el celebrado en septiembre contra 10 jóvenes de Hernani y Urnieta (arrestados en 2009, cuando el plan ya estaba en vigor) pusieron en evidencia que las cámaras no se habían instalado en todas las dependencias, así como los subterfugios utilizados por los agentes para evitar las grabaciones, tal y como consta en las denuncias por tortura de los arrestados.

La elaboración de un Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, atribuido al ministerio de Justicia, constituye el único punto que el Ejecutivo considera que se ha cumplido.

Autocomplaciencia

El informe apunta también a la autocomplaciencia. Por ejemplo, cuando da por satisfecha la creación de un «Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura», adscrito desde 2009 a la figura del Defensor del Pueblo o la puesta en marcha de una aplicación dentro del ministerio del Interior que «permita recopilar datos actualizados de casos que pudieran suponer una extralimitación de los derechos de las personas bajo custodia policial». Ninguna de ellas ha evitado que en los últimos cuatro años se hayan repetido las denuncias por malos tratos en las comisarías.

Finalmente, el Ejecutivo se compromete a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la asistencia letrada. Otra recomendación de insituciones contra la tortura que permanece todavía pendiente.