Un borrador presentado el miércoles en el Congreso constata que el Gobierno español tiene asumida la falta de cumplimiento de sus propios planes sobre derechos humanos y, sobre todo, aquellas medidas que tienen que ver con las garantías de las personas detenidas en régimen de incomunicación. De hecho, de los cuatro puntos fijados en 2008 en esta materia, basadas en recomendaciones de organismos internacionales, Madrid no ha llevado a efecto ninguna. Ni con el PSOE ni con el PP en el Ejecutivo. Esas propuestas son la prohibición de incomunicar a menores de edad, con independencia del motivo por el que sean arrestados; la grabación durante todo el tiempo en que una persona permanezca detenida; la asistencia por un médico además de por el forense; y la elaboración de un protocolo que regule las comprobaciones médicas. Todas ellas de fácil implementación si hubiera voluntad de aplicarlas. Pero no la hay.

El incumplimiento del plan va más allá y afecta a otros ámbitos relacionados con los derechos humanos, y llama la atención que el documento oficial achaque los déficits admitidos a la difícil situación económica. Esta aseveración constituye la evidencia de que los derechos humanos son un elemento secundario para los mandatarios españoles, en todo caso, siempre supeditados a otros objetivos. Desde luego, el saneamiento de las cuentas de la banca, por ejemplo, pesa mucho más en la balanza del Estado. Del mismo modo, no deja de ser significativo que sea el apartado denominado «Atención a las Víctimas» el que registre el mayor grado de cumplimiento, infinitamente superior que el de la prevención de los malos tratos y la tortura.

El respeto de los derechos, en todo caso, nunca ha sido un punto fuerte de Madrid, mucho más proclive a vulnerarlos. Ya sea respecto a los derechos humanos, sociales o económicos, individuales o colectivos, tiene mucho más en su debe que en su haber, y sería necesario algo más importante que una recuperación económica para poner fin a su trayectoria histórica. Debería cambiar la propia concepción del Estado.