El Gobierno español prepara una reforma legislativa con el objetivo de que los pensionistas puedan seguir trabajando mientras cobran parte de su jubilación. Según un informe presentado ayer por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, Madrid ya prepara el terreno para que las personas que concluyan su vida laboral sigan empleadas compatibilizando «el porcentaje que fuese posible desde la viabilidad del sistema de pensiones con las rentas procedentes de dicha actividad». El Ejecutivo persigue así retrasar la edad efectiva de acceso a la jubilación en un momento en el que, por una parte, el paro juvenil supera el 50% en el Estado español y donde, por la otra, Moncloa todavía no aclara si revalorizará las pensiones, escudándose en la genérica promesa de que «cumplirá la ley».

Por el momento, la norma solo permite compatibilizar empleo y jubilación en supuestos muy concretos. Una situación con la que el PP pretende acabar, escudándose en la mayor esperanza de vida de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Según indicó el propio Burgos, la modificación que se plantea «supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como regla general la compatibilidad, siempre limitada y condicionada, desde la óptica del incentivo a la prolongación de la vida laboral y de dar mayor capacidad de decisión al ciudadano para diseñar su transición (a la jubilación)».

El informe distribuido a los diputados indica que, para poder trabajar, el pensionista tendrá que haber cumplido la edad ordinaria de jubilación (que en 2020 pasará a ser de 67 años), tener cubierto el período de cotización para poder percibir el 100% de la base reguladora y desarrollar su actividad en el ámbito privado.

No cotizarán

De lo que no habló el secretario de Estado de Seguridad Social fue sobre porcentajes. Aunque el hecho de que el informe ya mencione que estos estarían condicionados por la «viabilidad» del sistema de pensiones permite entrever que la apuesta es que los jubilados completen sus ingresos con un empleo extra. Una modalidad que beneficiará sustancialmente a las empresas, que no estarían obligadas a cotizar «salvo para el supuesto de incapacidad temporal y por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales», tal y como especifica el documento.

El texto hace referencia a que esta modalidad de empleo ya está en funcionamiento en otras partes de Europa, como Alemania. De hecho, tal y como hizo público en agosto el gobierno presidido por Angela Merkel, un total de 800.000 pensionistas germanos se ven obligados a recurrir a los «minijobs» como consecuencia del progresivo descenso de la cuantía de sus prestaciones. Un factor que podría servir también como modelo en el Estado español De hecho, el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy sigue deshojando la margarita sobre si revalorizará o no las pensiones. Ayer, interrogado nuevamente sobre esta cuestión, Tomás Burgos insistió en que «cumplirá la ley», dando a entender que la actualización se incluirá cuando el presupuesto llegue al Senado.

Pese a ello, todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión rechazaron la propuesta del Partido Popular, llamando la atención sobre el elvado índice de paro, que se vería negativamente afectado por esta iniciativa.