Las familias bajo la amenaza de una ejecución hipotecaria por la imposibilidad de hacer frente a su deuda podrían tener en adelante un nuevo camino para paralizar el procedimiento de desahucio si tienen la hipoteca registrada como propiedad de una entidad que ha pasado a formar parte de nuevas entidades surgidas de fusiones. El primer paso se dio ayer en el Juzgado de Getxo, que decidió suspender cautelarmente la subasta de la vivienda de Marta Uriarte, coordinadora de Stop Desahucios de Bizkaia, puesto que la hipoteca está registrada como propiedad de BBK y no de Kutxabank, el banco que absorbió a la primera tras la reestructuración bancaria.

Esta decisión supone un respiro para cientos de familias ahogadas por el pago de la hipoteca y a punto de perder su casa. La propia Uriarte destacó que la decisión del Juzgado «crea un precedente pionero en Euskadi que podría ser alegado en otros casos similares».

El argumento planteado por la defensa de Uriarte para paralizar la subasta es que Kutxabank no ha inscrito «su derecho en el registro de la propiedad» de la vivienda cuya hipoteca fue suscrita con BBK en el año 2006. Según explicó Uriarte, aunque ella contrajo la deuda para comprar su piso con BBK en el momento en el que firmó la hipoteca, ahora es Kutxabank quien está reclamando la vivienda.

A falta de conocer los argumentos formales del juez para decretar la paralización, la petición del abogado de la coordinadora de Stop Desahucios en Bizkaia se basaba en que Kutxabank había pedido que se le considerara como parte ejecutante, en sustitución de BBK.

El abogado solicitó la paralización de la subasta porque Kutxabank quería ejecutar y adjudicarse la vivienda sin que previamente se hubiera inscrito su derecho en el registro de la propiedad, ya que la hipoteca sigue inscrita a favor de BBK.

Un obstáculo a los desahucios

Para abrir esta vía, el letrado de Uriarte se ha basado en una resolución dictada por la Audiencia Provincial de Castellón y considera que este defecto debería conllevar el archivo del procedimiento, lo que obligaría a Kutxabank a iniciar un nuevo proceso.

Tras la decisión cautelar del Juzgado de Getxo, Kutxabank deberá presentar alegaciones. A partir de ahí, el juez deberá determinar si se archiva el procedimiento, como solicita el abogado de Uriarte, o se sigue adelante con la subasta.

A la espera del posicionamiento definitivo, la portavoz de Stop Desahucios se mostró satisfecha con la deliberación del juez y afirmó que es una decisión «absolutamente vanguardista» y un caso inédito porque no tiene precedentes en la CAV.

Así las cosas, expresó que muchísimas familias que hoy están perjudicadas por procedimientos de ejecución hipotecaria en entidades surgidas de procesos de reestructuración bancaria, como Kutxabank, podrían acogerse a esta vía.

Para Stop Desahucios Bizkaia, este caso contiene «sólidos argumentos» y afectará a multitud de procedimientos que ya están en marcha, ya que supone un precedente que podría ser alegado en casos similares.

Cambio de normativa

La de ayer fue la tercera paralización de la subasta de la vivienda de Uriarte, quien, como coordinadora de Stop Desahucios de Bizkaia, reclamó a los partidos políticos que adopten medidas «de la suficiente envergadura para que puedan parar este drama». Añadió que dichas medidas no deben demorarse más y que hay que adoptarlas «de forma drástica».

También la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, se refirió a la necesidad de reformar la legislación en materia hipotecaria. En concreto, hizo referencia al acuerdo entre el Gobierno del PP y el PSOE para una reforma legal contra los desahucios, y aunque consideró que «llega tarde» emplazó a que «se haga de verdad y en profundidad».

En una entrevista concedida a EITB, afirmó que es posible reformar la legislación y subrayó que es necesario tener en cuenta los antecedentes de «cómo han ocurrido las cosas en el marco del préstamo hipotecario, en un momento de burbuja inmobiliaria, de una banca absolutamente manirrota vendiendo a mansalva el producto que tenía que vender, que era el dinero». Reconoció que desde la Justicia hay «muy poco margen para actuar en materia hipotecaria» y que la persona deudora tiene muy pocas opciones para defenderse, por lo que consideró fundamental un cambio en la legislación.