Marcha por el trabajo digno y los derechos sociales en Euskal Herria
«Hemos decidido volver a movilizarnos para reclamar un cambio radical de las políticas públicas». Así se expresó Ana Pérez, de la Plataforma de Euskal Herria de la Marcha Mundial de las Mujeres al presentar la marcha por el trabajo digno y los derechos sociales que recorrerá Hego Euskal Herria la próxima semana, entre el 26 y el 30 de noviembre. Como explicaron los colectivos sociales y la mayoría sindical vasca, «la salida pasa por crear empleo digno».
Juanjo BASTERRA | BILBO
Las centrales sindicales ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT y alrededor de un centenar de colectivos sociales han organizado entre el 26 y el 30 de noviembre una marcha por el trabajo digno y los derechos sociales, bajo el encabezamiento «Euskal Herria martxan lan duinaren eta eskubide sozialen alde».
Vuelven a la calle para recorrer los pueblos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa llamando a la población a que «salga a la calle, se movilice y reclame sus derechos» y, a la vez, para exigir que las instituciones de Hego Euskal Herria «modifiquen el sentido de sus políticas, para que se produzca un verdadero cambio».
El 26 de noviembre estarán en Durango, Azpeitia y Zarautz. El 27 de noviembre, en Errenteria, Altsasu, Bera e Irun; el 29 de noviembre, en Laudio, Galdakao a Basauri, Leioa, Erromo y Areeta. El 28 será la manifestación central en Iruñea a las 19:00 desde la estación de autobuses. El 30 de noviembre estarán en Bilbo (18:30) desde el Sagrado Corazón; en Gasteiz, 19:00, desde la Plaza Bilbao; y en Donostia, a las 19:00, desde el Boulevard.
Ana Pérez, de la Plataforma de Euskal Herria de la Marcha Mundial de las Mujeres, destacó que han decidido volver a movilizarse para reclamar un cambio radical de las políticas públicas que «cree empleo digno y el avance en los derechos sociales».
Empobrecimiento continuo
Porque, como añadió Bea Martxueta, secretaria de Política Social de LAB, «llevamos cinco años en crisis y solo se han establecido políticas de empobrecimiento que generan consecuencias para la sociedad y Euskal Herria en la medida en que se destruye empleo y los servicios públicos se recortan y se privatizan». La responsable de LAB afirmó que «basta ya de dar dinero a la banca y enriquecer el bolsillo de ciertos empresarios». Porque «nos dicen que no hay dinero. Sí hay, lo que pasa es que está muy mal repartido» y «los ricos son cada vez más ricos y una mayoría cada vez los pasamos peor».
Criticó que la banca recibió en 2011 un total de 87.145 millones de euros de dinero público. Por lo que manifestó que los políticos «están convirtiendo los derechos sociales y laborales en un negocio redondo».
Reclamó actuar desde Euskal Herria porque «este sistema que nos impone el Estado español no tienen nada bueno. Tenemos que conseguir llevar adelante cambios radicales para salir de la crisis, porque de la mano del Estado español no vamos a ninguna parte. Es urgente un cambio de modelo».
Mikel Noval, responsable de Política Social de ELA, recordó que la mayoría sindical y social se está moviendo en contra de las políticas neoliberales. Dejó claro que «no es compatible hacer la crítica que estamos planteando aquí con la firma de acuerdos de diálogo social, como el que se ha hecho este año con el Gobierno vasco y la patronal en el Plan de Lucha contra el Paro». Por lo que llamó a movilizarse para que «nos hagamos oír». Por ello, dijo que la marcha de la próxima semana será un momento esencial en esta tarea «porque hay un alejamiento de la política institucional con la realidad de la calle».
ELA y LAB criticaron el globo sonda que el Gobierno español lanzó sobre la posibilidad de que los inmigrantes puedan obtener el permiso de residencia a cambio de una inversión de 166.000 euros en una vivienda.
La central sindical que lidera Ainhoa Etxaide reclama «un frente común de todos quienes vivimos en Euskal Herria para lograr que las instituciones vascas opten por el camino del derecho a la vivienda». La central que dirige Adolfo Muñoz explicó que «hay desahucios para los pobres y residencia para quienes tengan dinero». Por lo que ELA entiende que «es un hecho muy grave condicionar el permiso de residencia a la renta de las personas» y alerta «del inaceptable retroceso en los principios democráticos y en la justicia social».
En este sentido, LAB denunció la política de «usar y tirar» del Gobierno español y rechazó esa medida porque «se hace para salvar al mercado inmobiliario», lo que pone de manifiesto «la voluntad del poder financiero y político del Estado español para finiquitar los derechos sociales». Asimismo, LAB acusó al Gobierno español ya la banca de «ir de la mano. El Gobierno aprobando unas medidas con las que maquillar su nula intención de resolver el problema, y la banca presionando para que la Ley Hipotecaria no se altere bajo advertencia de endurecer los créditos hipotecarios. Es pura extorsión», dijo.
ELA además añade que «si se aprobase, discriminaría a miles de personas inmigrantes que trabajan y viven aquí desde hace años». J. B.
