Colombianos y Colombianas por la Paz piden al Gobierno una tregua
Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la exsenadora Piedad Córdoba, pidieron al Gobierno de Juan Manuel Santos el cese de las «actividades militares ofensivas» mientras dialogan en La Habana con las FARC, que el lunes decretaron una tregua unilateral hasta el próximo 20 de enero. Desde Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, restó credibilidad al anuncio de la guerrilla y reiteró que mantendrán los operativos.
GARA | LA HABANA
En un breve comunicado, Colombianos y Colombianas por la Paz, solicitaron al Gobierno que «tome en consideración la petición de multiplicidad de comunidades, organizaciones que padecen la guerra y sus graves consecuencias... y decida un cese de las actividades militares ofensivas, lo que será un mensaje de esperanza para los colombianos». El grupo liderado por la exsenadora Piedad Córdoba hizo también extensiva la petición al ELN, que ha mostrado su disposición a sumarse a los diálogos iniciados en La Habana.
«Le invitamos a reiterar su disposición a conversar, como lo ha venido haciendo y expresando permanentemente en estos últimos meses, con un gesto en esta misma dirección, lo que será un signo más de su voluntad al diálogo», señalaron.
Sobre la tregua de carácter unilateral anunciada por el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, en el inicio formal de la segunda fase de los diálogos, Colombianos y Colombianas por la Paz consideraron que es «una expresión de voluntad de solucionar el conflicto, un compromiso con el derecho humanitario y con una dimensión ética al evitar nuevas afecciones, alivianar las tensiones y situaciones de zozobra en que se encuentran los civiles en diversas regiones de Colombia».
En Cuba, la delegación del Gobierno, encabezada por Humberto de la Calle, no quiso pronunciarse sobre el alto el fuego de las FARC y evitó cualquier contacto con los más de 120 periodistas de 42 medios de comunicación de 16 países que el lunes se congregaron a las puertas del Palacio de Convenciones de La Habana. Sus miembros se limitaron a posar ante las cámaras, intercambiando breves y escuetos saludos entre sí.
Desde Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que restó credibilidad a la declaración de la guerrilla, reiteró que mantendrán las operaciones militares porque «la fuerza pública tiene el deber constitucional de perseguir a todos aquellos criminales que hayan violado la Constitución, que hayan violado la ley y hayan atentado contra la vida y la honra de los ciudadanos de Colombia; en consecuencia, a los terroristas de las FARC se les persigue por todos los crímenes que han cometido a través de tantos años y no por los crímenes futuros».
Valoraciones de la UE y Correa
Por contra, la alta representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, «saludó cualquier paso que las FARC puedan dar para evitar que los colombianos sufran la violencia que les ha afligido durante tanto tiempo» y aseguró que «toma nota» de ello.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó esta tregua como «un signo muy positivo que fortalece el clima de entendimiento».
El exguerrillero y analista político León Valencia advirtió en una entrevista a BBC Mundo de que «seguramente dentro de las Fuerzas Armadas habrá sectores que aprovecharán el momento -la tregua declarada por la guerrilla- para arreciar las acciones contra las FARC. Ese es un tema supremamente complicado. Pero estos guerrilleros son viejos guerrilleros, que saben qué es eso».
Las FARC afirmaron ayer que el proceso de diálogo «avanza con buen ritmo y por buen camino». Así lo manifestó Jesús Santrich, miembro de la delegación de la guerrilla, al llegar al Palacio de Convenciones de la capital cubana en el segundo día de las conversaciones con el Gobierno colombiano.
Por otra parte, reivindicaron el papel de la sociedad civil en este proceso, instando al Ejecutivo a que «se le dé una oportunidad al pueblo, se escuche su voz, sus reivindicaciones y sus sueños».
Asimismo, exhortaron a Bogotá a que «cese el despilfarro militar que resta posibilidades de inversión social. Casi la mitad del presupuesto nacional de 2013 ha sido destinado a financiar la guerra y al pago de la deuda externa. El Estado no debería persistir en la ruta del militarismo y la sumisión a la banca internacional».
Denunciaron «más de medio siglo de exterminio político, de incremento de las desigualdades, de permanencia de la guerra sucia, y de implementación de medidas económicas y políticas para el saqueo y la degradación del derecho a la vida, que son muestra de la inexistencia de la democracia». Por ello, llamaron a «sostener bajo cualquier circunstancia el escenario de las discusiones civilizadas como única puerta de entrada a una era de justicia social y paz». GARA
