Procesados desde el 4 de abril, el exgeneral Kenan Evren, de 94 años, jefe de la Junta Militar y expresidente, y el excomandante del Ejército del Aire Tahsin Sahinkaya, de 86 años, intervinieron ayer ante la Corte por videoconferencia, desde el hospital donde se encuentran. Son los dos únicos supervivientes del golpe de Estado del 12 de setiembre de 1980.

En su primera aparición, los dos acusados respondieron brevemente a las preguntas sobre su identidad que les hizo la corte, y luego escucharon la lectura, durante varias horas, de las 80 páginas del acta de acusación.

La defensa de Evren señaló que el exgeneral no se arrepiente de haber dado el golpe de Estado, ya que pretendía acabar con los enfrentamientos que habían dejado al menos 5.000 muertos por las luchas callejeras entre grupos de izquierda y de derecha.

Hoy, los dos exmilitares empezarán a declarar sobre el fondo del caso, y responderán a las preguntas de los jueces y los abogados de las partes civiles, según detalló la agencia de prensa turca Anatolia.

Desde 1960, el Ejército turco llevó a cabo tres golpes de Estado, y en 1997 forzó la dimisión del Gobierno islamista en el poder.

Tras el golpe del 12 de setiembre de 1980, 50 personas fueron ejecutadas, 650.000 detenidas y decenas murieron víctimas de la tortura. Muchas otras desaparecieron.

El proceso, el primero en Turquía contra los autores de un golpe de Estado, es un nuevo capítulo en el pulso que mantienen el Ejército y el gobernante AKP, islamista moderado. Desde que llegó al poder hace diez años, el AKP ha reducido notablemente la influencia de los militares en la vida política del país, gracias a una serie de purgas y de procesos judiciales contra la élite castrense.

Estos juicios han sido posibles gracias a una modificación constitucional aprobada, a través de un referendo en 2010, que eliminó los artículos que otorgaban impunidad a los golpistas, en virtud de la Constitución aprobada por ellos mismos en 1982.

En setiembre, la Justicia condenó a prisión a más de 300 oficiales acusados de conspirar para derrocar el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, una novedad en la historia de Turquía.

Los grupos laicos turcos han apoyado los juicios contra los militares golpistas, pero han denunciado que, en algunos casos, se han convertido en una campaña del Gobierno para silenciar a la oposición. Los analistas sospechan de una posible instrumentalización de la Justicia por parte del AKP para deslegitimar a sus rivales políticos y desacreditar al Ejército.