El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al yerno del rey español, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, «una actividad delictiva premeditada» y «un ejercicio abusivo de poder» dirigidos a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Illes Balears y del Pais Valencià. Y sostiene que ambos, así como las empresas que administraron, deben resarcir a las arcas públicas por «la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos», cantidad que asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil para asegurar «las responsabilidades pecuniarias» que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.

Asimismo, solicita al juez instructor José Castro, que ordene el embargo de los bienes de ambos impytados hasta alcanzar la citada cantidad.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, reiteró que le parece «exagerada» la fianza que pide el fiscal e indicó que no sabe si podrá hacer frente a ella.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias coincide con la tesis del fiscal y tenía previsto solicitar la misma fianza.