Las asambleas de BBK, Kutxa y Vital eligieron ayer a los integrantes de los nuevos consejos de administración de estas tres entidades, una cita marcada de inicio por la polémica en la caja guipuzcoana, después de que la comisión electoral decidiera anular la candidatura de los colectivos sociales. Esta maniobra, que favorecía al sector liderado por el PNV, así como la entente entre jeltzales, PP y PSE, da la medida de lo que estaba en juego en las votaciones: el mantenimiento de un modelo que desembocará en la desaparición de la función social de las cajas y de cualquier vestigio de sus objetivos fundacionales, o apostar por una política a la medida de las necesidades de la sociedad.

Al final, Xabier Iturbe, ante el empate a siete con el que se saldó la primera votación en el consejo de administración, se sirvió de un consejero adscrito al PSE, que le ofreció su voto de calidad -por ser el de mayor edad- para mantenerse al frente de Kutxa. De esta forma, quienes buscaban impedir el cambio de rumbo en la entidad se apuntaron un tanto, a la espera del recorrido que pueda tener el recurso interpuesto contra la anulación de la plancha de los colectivos sociales.

Todo lo ocurrido en los dos últimos años en torno a las tres cajas y a Kutxabank muestra hasta qué punto la retórica partidaria esconde la comunión de objetivos de quienes en todo momento han manejado las riendas del espacio financiero vasco y, de su mano, de buena parte del tejido empresarial de este país. PNV y PP, con el servil acompañamiento del PSE, han dejado claro que cuando se trata de tocar los resortes económicos no admiten alternativa posible. Un cambio que también ha impedido CCOO, sindicato que hace una semana protagonizó una huelga general y que ahora ha posibilitado que quienes se supone eran destinatarios de la protesta sigan ostentando el poder. Hacen piña en defensa de unos intereses que son por completo ajenos a los de la mayoría social, y si tienen que hacer uso de las peores artes para ello, no dudan en hacerlo.