La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunida en pleno, rechazó ayer el recurso interpuesto por 24 presas y presos políticos vascos contra la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo, que supone de facto la aplicacion de la cadena perpetua y que fue enmendada hace cuatro meses por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En aquella ocasión, Estrasburgo dio la razón a Inés del Río, precisamente una de las prisioneras cuyo recurso ha desestimado ahora el tribunal de excepción español.

Sin entrar a valorar el pronunciamiento del TEDH, con el argumento de que este no es aún firme, y sin analizar siquiera cada uno de los recursos, los 19 magistrados han decidido mantener en prisión a hombres y mujeres que, atendiendo a la resolución europea, deberían haber quedado libres hace tiempo y cuyos derechos, por tanto, estarían siendo conculcados. Sin embargo, lejos de poner coto a esa vulneración, los jueces españoles prefieren pasar por el trance de ser nuevamente desautorizados por Europa antes que finiquitar una norma legal cuyo único cometido es alargar el sufrimiento de cientos de personas y de sus familiares. Los poderes del Estado español han optado por mantener su cruel política carcelaria hasta el límite, con un claro objetivo, que no es otro que tratar de obstaculizar el asentamiento definitivo de un nuevo tiempo en Euskal Herria y lograr el desistimiento de quienes con tanto ahínco trabajan por abrirlo de par en par. En ese empeño parece implicado también el Estado francés, que esta misma semana ha confirmado una condena de 20 años de prisión contra Mikel Albisu y Marixol Iparragirre, miembros de la interlocución de EPPK.

Madrid y París insisten en su política de rehenes, en una estrategia de confrontación con la que buscan violentar la voluntad del pueblo vasco. Corresponde a este y a sus agentes hacer baldío el sabotaje de los estados, movilizándose y trabajando en todos los ámbitos y foros, como ayer en Iruñea o el 12 de enero en Bilbo.