La Audiencia Nacional confirmó ayer la aplicación de la «doctrina Parot» para 24 prisioneros vascos al rechazar sus recursos. La decisión no supone sorpresa alguna toda vez que los tribunales españoles en su conjunto ya han tomado como posición la fijada por el Gobierno del PP: mantendrán esa práctica al menos hasta que Estrasburgo tome una decisión firme sobre el caso de Inés del Río, cuyo recurso fue aceptado en primera instancia en julio pasado y está ahora pendiente del dictamen final de la máxima instancia, la denominada Gran Sala.

Sin embargo, sí son relevantes las formas utilizadas esta vez por la Audiencia Nacional. Según explicaron fuentes judiciales, los casos fueron rechazados sin entrar siquiera a debatirlos, al contrario de lo que ocurriera con otro paquete de recursos similares que llegó al tribunal especial el 11 de octubre y desembocó en la excarcelación de dos presos vascos: Oskar Abad e Itziar Martínez Sustatxa. Otras quince apelaciones resultaron rechazadas.

Además, resulta significativo el desplante directo de la Audiencia Nacional al Tribunal de Estrasburgo en el caso de Inés del Río, dado que su recurso volvía a esta instancia y pese al dictamen europeo ha vuelto a ser rechazado.

En cualquier caso, la actitud del Estado español sigue teniendo carácter provisional en la medida en que el Gobierno de Rajoy acepta que si Estrasburgo da carácter firme al rechazo a la «doctrina Parot», no tendrá más remedio que desmontarla.

Fuentes jurídicas informaron de que los diecinueve jueces que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal decidieron por amplia mayoría rechazar los recursos, con dos únicas salvedades: dejaron pendiente para una próxima sesión el de una persona condenada por militar en ETA y el de una narcotrafricante relacionada con el «clan de los Charlines». Los nombres de todos ellos no se han dado a conocer por el momento.

Según las mismas fuentes, los magistrados argumentaron que algunos casos aún están pendientes de que los resuelva el Tribunal Constitucional y que a otros ya se les había denegado el amparo tras resolver sobre el fondo de la aplicación de la «doctrina Parot», como es el caso de Del Río. El hecho conocido de que posteriormente Estrasburgo rechazara ese dictamen del Constitucional no corrige por ahora el criterio de la Audiencia Nacional española.

Ya son 40 rechazos en la AN

De esta forma, el tribunal ya ha resuelto cerca de cuarenta recursos que estos presos presentaron en contra de la «doctrina Parot» una vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se le había aplicado de manera «irregular» a la tafallesa Inés del Río, por lo que exigió su excarcelación, que sigue sin ser materializada cuatro meses después de la sentencia.

El Pleno de la Audiencia Nacional tomó por tanto esta decisión de ayer teniendo en cuenta solo los criterios del Constitucional y sin entrar a valorar el fallo europeo. Alega que este no es firme, ya que se debe pronunciar la Gran Sala formada por diecisiete jueces.

La aceptación a trámite de su recurso ha potenciado las expectativas del Gobierno español, que fue quien lo presentó, y al parecer ha exacerbado también la posición de la Audiencia Nacional sobre el tema.

El abogado vasco Iñigo Iruin reveló recientemente que hay fuertes presiones políticas sobre la Gran Sala y que varios estados se están alineando con el español. La previsión inicial era que el recurso español ni siquiera pasaría el primer filtro, dado que el recurso de Del Río fue aceptado por unanimidad.

Herrira: «Confianza intacta»

La sentencia final de la Gran Sala se espera para el primer trimestre del año que viene, y sin duda marcará el terreno de juego para abordar la cuestión pendiente del futuro de los presos vascos. La anulación firme de la «doctrina Parot» provocaría decenas de excarcelaciones.

Tras conocer este nuevo rechazo en Madrid, Herrira consideró que «el Estado español sigue perdiendo el tiempo y vulnerando los derechos humanos de manera flagrante. Es tiempo de soluciones». No obstante, y pese a admitir las presiones existentes, aseguró que mantiene la «confianza intacta» en las instituciones europeas y también en la sociedad vasca.