La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que solo ocho de cada cien delitos que se cometen en México son denunciados y un 99% queda impune. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, se entrevistó con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ante quienes denunció que a la delincuencia que azota México se suma la poca eficiencia de las fuerzas policiales. Desde 2005, este organismo ha recibido 34.385 quejas en contra de funcionarios de la seguridad pública federal.

Plascencia advirtió también de que en los últimos años han aumentado la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, los registros y cacheos ilegales, la desaparición forzada y las muertes violentas. Si en 2005 se registró solo una denuncia por tortura, en 2011 las quejas ascendieron a 2.040.

Actualmente, la Comisión investiga, además, 2.126 casos de desaparición forzada y ha contabilizado 46.015 ejecuciones extrajudiciales desde 2006, además de 15.921 cadáveres no identificados y 1.421 cuerpos inhumado en fosas clandestinas.

A este informe se suma el elaborado por el Comité contra la Tortura de la ONU, que expresó su preocupación por «el alarmante aumento de la tortura durante los interrogatorios para obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias, que luego son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención». Lamentó que «ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura» y que desestimen las denuncias de los acusados o clasifiquen los hechos como delitos de menor gravedad. Por ello, pide al Estado que garantice que las personas detenidas sean puestas rápidamente a disposición del juez o de la Fiscalía así como la investigación de las denuncias.

Remarca que se debe asegurar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos. Alerta, además, del «aumento progresivo» de las desapariciones forzadas «cometidas presuntamente por autoridades públicas o grupos criminales, que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado».

Estas denuncias se producen a una semana de que Enrique Peña Nieto jure su cargo como presidente. Grupos sociales y políticos llamaron a cercar la Cámara de Diputados el 1 de diciembre. «Sabemos que puede tomar posesión en cualquier sitio, pero queremos entorpecer su acto oficial», declaró Luis Cottier, portavoz de Yo soy 132.