Decenas heridas en los enfrentamientos entre opositores y partidarios del mandatario egipcio, Mohamed Morsi, y con la Policía y una división interna aún mayor en el país es el balance de la jornada de protesta convocada por la oposición no islamista para pedir la anulación del acta constitucional con la que el presidente blindó sus poderes ante la Justicia.

Los mayores choques se produjeron la cairota plaza Tahrir y en Alejandría, Ismailia y Port Said, donde los manifestantes atacaron las sedes del Partido Libertad y Justicia, formación que presidía Morsi antes de acceder a la Jefatura del Estado. La Policía empleó gases lacrimógenos para disolver algunas protestas.

Morsi decretó el jueves que todas sus decisiones sean definitivas e inapelables, con el argumento de proteger la revolución de 2011, hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución y la elección del nuevo Parlamento, un anuncio que enfureció aún más a quienes se siguen manifestando para exigir cambios democráticos casi dos años después de los sangrientos disturbios que forzaron la renuncia de Hosni Mubarak.

«Las declaraciones constitucionales, decisiones y leyes emitidas por el presidente son definitivas y no pueden ser apela- das» hasta la adopción de una nueva Constitución, que se espera que esté redactada a mitad de febrero, según la declaración.

El propio Morsi quiso tranquilizar a sus detractores asegurando, ante sus partidarios, que solo recurrirá a sus poderes excepcionales «si ve el país en peligro». Respondiendo a sus detractores, que lo acusan de haber dado un golpe de Estado, de querer perpetuarse en el poder y de arrogarse más poderes que su denostado predecesor Hosni Mubarak, Morsi afirmó ayer que «nadie puede detener nuestra marcha hacia adelante (...) Estoy cumpliendo mi función para servir a Dios y a la nación y tomo las decisiones tras consultar con todo el mundo», señaló el presidente, citado por la agencia MENA.

Más tarde, afirmó que el país está en el camino de «la libertad y la democracia». «La estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica es lo que yo deseo y por lo que trabajo», declaró en un largo discurso Morsi, quien acusó a «quienes se esconden detrás de los jueces» por querer hacer descarrilar la transición a la democracia.

El mandatario, que insistió en que no pretende concentrar todo los poderes, acumula ya el ejecutivo y el legislativo. El Parlamento, controlado por los islamistas, fue disuelto en junio por una decisión judicial. El presidente mantiene relaciones tensas con gran parte del aparato judicial y en agosto reforzó su poder, cesando como ministro de Defensa al mariscal Hussein Tantawi.

«Nuevo faraón»

Su anuncio obró el milagro de aunar de inmediato a la fragmentada oposición civil (no islamista), que calificó de golpe de Estado la decisión presidencial de atribuirse más poder y convocó manifestaciones en varios puntos del país tras la oración semanal de este viernes.

A los opositores se sumaron el izquierdista Hamdin Sabahi, el exdirector de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) Mohamed ElBaradei, y el ex secretario general de la Liga Árabe Amr Musa. El jueves, ElBaradei acusó a Mursi de haberse «proclamado nuevo faraón».

Para los críticos con el jefe del Estado, sus poderes ampliados atentan contra los logros de la revolución que derrocó a Mubarak, pero sus partidarios consideran que permitirán reducir un proceso de transición que consideran muy largo y caótico y hacer frente a un estamento judicial copado por fieles al antiguo régimen.

La iniciativa es una amenaza para altos responsables del Ejército y la Policía y podría traducirse en un nuevo proceso contra Mubarak, condenado a cadena perpetua. En ese contexto, el presidente cesó al fiscal general, Abdel Meguid Mahmud, nombrado en tiempos del rais, y lo sustituyó por Talaat Ibrahim Abdallah.

Morsi decidió también que ninguna instancia judicial pueda disolver la comisión redactora de la futura Constitución. Así arrebata a la Alta Corte Constitucional el derecho de examinar un recurso contra la composición de dicha comisión constituyente, dominada por los islamistas. Además, prolongó dos meses el mandato de esa comisión, que expiraba a mitad de diciembre. Una vez concluida la redacción, la ley fundamental será sometida a referéndum, y se convocarán elecciones legislativas.