GARA| MADRID

El grupo  de Amaiur cuestionó ayer la «eficacia real» de los informes realizados por la Defensora del Pueblo español y estimó que «existe el riesgo de convertir estos informes en algo meramente testimonial». Iker Urbina, en nombre de la coalición soberanista, afirmó que el mejor ejemplo de esto «son los malos tratos y torturas denunciados en el Estado Español, y que han sido archivados sistemáticamente».

Urbina recordó que «más de 10.000 personas han denunciado en Euskal Herria haber sido torturadas», subrayando que fue la propia ONU «la que ordenó acabar con el régimen de incomunicación, ya que facilitaba esos malos tratos o torturas». Por todo ello, preguntó al Gobierno de Mariano Rajoy «dónde está el interés por investigar casos de tortura».
Urbina, además, recordó otras vulneraciones de derechos humanos como el mantenimiento de una política penitenciaria de dispersión o la denominada doctrina Parot. Y añadió que «no es ETA quien mantiene a los presos dispersados, no es ETA quién los mantiene en prisión. A cada cual lo que le corresponde, y al Gobierno le corresponde reconocer las vulneraciones cometidas durante años».