La compra y puesta en servicio de cien iPad por el Parlamento de Gasteiz, con un coste final superior a los 220.000 euros, abre un doble debate: por un lado, el de la necesidad de tal gasto cuando cada parlamentario ya dispone de un ordenador portátil y los técnicos apuntan que estas tabletas no son eficientes para el trabajo de oficina; y por otro, el de la opacidad de las decisiones de la Mesa del Parlamento, puesto que nadie ha explicado el razonamiento de esta innovación tecnológica. Quizá haya una razón fundamentada y determinante que justifique el desembolso en iPad, pero nadie se la ha ofrecido ni a los parlamentarios ni a la ciudadanía.

El alto dirigente del PSE y alcalde de Portugalete, Mikel Torres, declaró a Radio Euskadi que los parlamentarios «tienen sueldo suficiente como» para comprarse un iPad de su bolsillo. Siendo esto cierto, también puede aducirse que los útiles de trabajo deben correr a cargo del empleador. Por tanto, si cualquier grupo parlamentario cree necesario que sus miembros dispongan de una tableta electrónica para ejercer mejor su labor, ahí tiene la subvención de 18.000 euros por grupo y 3.046 por escaño que reciben mensualmente. Sí, han leído bien, 18.000 euros por grupo y 3.046 por escaño al mes.

El problema radica en que ese dinero pocas veces va destinado a sufragar gastos del grupo parlamentario (infinitamente menores a esa cifra), sino que entra directamente en el capítulo de financiación de los partidos. Una cuestión -la de la financiación- que debería abordarse de una vez sin demagogia, pero también con rigor, puesto que está mal resuelta y aparece en el origen de múltiples casos de corrupción.

La decisión de seguir adelante con la compra de los iPad muestra una desoladora desconexión con la realidad y refuerza la idea de que la élite política disfruta de privilegios mientras exige sacrificios a la ciudadanía. Esta percepción puede ser injusta en relación a la labor general de los políticos, pero no es incierta; hay datos que la alimentan.

En un país en el que el salario mínimo interprofesional es de 641 euros, ¿no es hiriente que un parlamentario cobre 596 euros en concepto de gastos de locomoción acuda o no al Parlamento? Es decir, que en agosto, mientras disfruta de sus vacaciones, está cobrando esos 596 euros de «locomoción». Y, algunos, además, engordando exageradamente los beneficios de Telefónica con el uso de sus iPhone desde el extranjero.

Cobrar dietas en los viajes de trabajo es lo normal para compensar los gastos en los que se incurre. Lo que no es normal es que te paguen 162,86 euros al día cuando vas a una visita con todos los gastos pagados. En una semana te pones en un sobresueldo de 1.140 euros.

Y muchas de estas decisiones, como la de la compra de las tabletas, se toman sin ofrecer ninguna explicación. La Mesa ha gobernado la institución sin que los parlamentarios pudieran llevar ningún control sobre ella. El Parlamento, la institución que analiza hasta la última partida presupuestaria de la Administración autonómica, aprueba su propio presupuesto a puerta cerrada y sin apenas posibilidad de debate.

De hecho, hasta la VIII legislatura, el presupuesto de la Cámara no se hacía público. El cambio se produjo como respuesta a las informaciones periodísticas sobre las poco transparentes subidas de sueldos y dietas. Fue un intento de decir «no tenemos nada que ocultar», después de años jugando al escondite.

La Mesa, además, se ha acostumbrado a tomar decisiones y rechazar propuestas, como la de la suspensión de la compra de tabletas, sin aportar ningún tipo de argumentación.

Hay quien considera la compra de los iPad un asunto menor. Pero bien puede decirse que ejemplifica como pocos la arrogancia de determinadas actuaciones y la falta de democracia interna del Parlamento.