Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, presentó ayer en Madrid «el Informe Económico sobre España 2012». Para lograr la recuperación, la OCDE exige que «se apliquen plenamente las reformas emprendidas» y que «se tomen nuevas medidas para restaurar la confianza en el sector bancario, consolidar las finanzas públicas y combatir el elevado desempleo», según se explica en estudio económico.

Da un cheque en blanco a la reforma de las pensiones, a reducir las cotizaciones y abaratar el despido. La OCDE identifica áreas prioritarias de actuación futura, como explicó el máximo responsable de ese organismo en presencia del ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Llama a controlar el déficit, pero advierte que se debe evitar «un impacto desproporcionado de la crisis en los hogares de ingresos bajos». Exige una reforma más profunda del sistema de pensiones «porque mejoraría también la sostenibilidad a largo plazo» e incentivaría que «la actividad pasase de la economía informal a la formal».

Para combatir el paro, la OCDE añade más reformas para reducir «las diferencias de indemnización por despido entre los contratos indefinidos y los temporales». Aconseja ampliar los productos y servicios que tributan al tipo general de IVA (21%), implantar más impuestos medioambientales, abaratar el despido improcedente, rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social y eliminar la jubilación parcial, entre otras cosas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo al respecto que el Gobierno español analizará con «extrema atención» las sugerencias de la OCDE, aunque descartó «nuevas decisiones» respecto al IVA, pero tampoco cerró ninguna puerta.

Gurría indicó, por otro lado, que «es necesario atajar la crisis financiera rápidamente. Será esencial proceder a la resolución ordenada de los bancos no viables y a la recapitalización de los bancos viables en situación de necesidad, de acuerdo con lo contemplado en el Memorando de Entendimiento con la Unión Europea sobre la reforma del sector financiero».

Pidió que las potenciales pérdidas «no las absorba únicamente el contribuyente» y que «se repartan con los acreedores privados e inversores institucionales». También pidió la reforma de los procedimientos de quiebra «porque contribuiría a reorientar los recursos de las sociedades insolventes hacia un uso productivo y podría aportar alivio más eficazmente a los hogares sobreendeudados».