La reacción suscitada entre jueces, políticos y periodistas por el indulto a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas es novedosa en el Estado español. No porque los indultos a torturadores sean algo nuevo, sino porque hasta la fecha se han cubierto con un espeso manto de silencio.

Conseguir que prospere una denuncia por torturas en el Estado español es muy difícil, no porque falten los testimonios, sino porque muchos no son atendidos. Así lo ha certificado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en varias ocasiones. Cuando las condenas se han producido en los juzgados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, han sido con frecuencia revocadas en los tribunales de Madrid, donde se ha podido ver a la Fiscalía actuando como defensa de los acusados. Y cuando la pena ha sido ineludible, o no se ha cumplido o los condenados han sido finalmente indultados por el gobierno de turno.

36 indultos de 62 condenas

Según el último recuento realizado por la fundación Euskal Memoria, de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos.

La Guardia Civil nunca prescindió, por ejemplo, de los servicios del capitán José Pérez Navarrete, su compañero José Antonio Hernández del Barco y los agentes Emilio Parar Moreno, Alejandro Iglesias Blanco y Julio Saavedra Mariño. Todos ellos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1987 a cuatro meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. En febrero de 1993 fueron indultados por el Gobierno de Felipe González. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, justificó la decisión con el argumento de que «el discurso de la reinserción» debe ser global. Añadió que tras casi doce años en que estos agentes habían seguido destinados en sus mismos puestos [después de torturar a Goikoetxea] no tendría mucho sentido aplicar la pena de inhabilitación profesional a la que fueron condenados.

Hay también quien ha sido indultado hasta en dos ocasiones. Los guardias civiles José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y Antonio Román Ríos fueron condenados en 1990 por torturas a los hermanos Víctor Jesús, Joxe Mari y Lucio Olarra y a Iñaki Olaetxea, e indultados a primeros de 1991. Al año siguiente, el 22 de setiembre de 1992, el mismo José Domínguez Tuda, era condenado nuevamente, en esta ocasión por torturar a Jokin Olano en 1983. En marzo de 1995, el ministro Juan Alberto Belloch volvía a indultarlo por este delito, al igual que al agente Manuel Barroso Caballero, condenado también por los malos tratos a Olano. El entonces ministro de Justicia e Interior dijo que los dos guardias civiles indultados «han demostrado en los últimos once años de servicio en tareas de investigación del terrorismo que están efectivamente reinsertados». Es preciso señalar que el tribunal que les condenó se mostró contrario a la concesión del indulto.

Muchas veces ha sido incluso la Fiscalía la que ha facilitado los indultos. Así ocurrió, por ejemplo, con el teniente coronel Rafael Masa y otros ocho guardias civiles que fueron condenados por las torturas a Tomás Linaza a pesar de todos los impedimentos que para el juicio puso el Ministerio del Interior de José Luis Corcuera. Solo fue indultado José Martín Llovet, por su edad, aunque Masa ascendió pese a la condena. Finalmente, todos ellos fueron absueltos, porque en 1999 el Supremo acabó considerando prescrito el delito debido a los cambios legislativos que se habían producido desde que en 1981 se produjeron las torturas y desde que en 1990 se dio la primera sentencia.

En 1999 el primer Gobierno de José María Aznar indultó a los guardias civiles José María Cuevas, Antonio Lozano García y Miguel Ángel Sánchez Corbí, que dos años antes habían sido condenados por las torturas infligidas en 1992 a Kepa Urra. La petición de indulto partió del Ministerio de Justicia.

El indulto más masivo se produjo en diciembre de 2000, cuando fueron indultados nada menos que un total de 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre ellos estaban Julio Hierro y María Jesús Fanegas, condenados por la denuncia interpuesta por Ana Ereño; Aníbal Machín, Juan José Fernández y Abel Alberto Núñez, condenados por las torturas a Enrique Erregerena; Isidro Martínez, Emilio Mariño y Carlos Prieto, condenados por los malos tratos a Juan Carlos Garmendia; José Luis Fraila y Luciano García, hallados culpables de torturar a Mikel Ruiz Maldonado; Pedro Laíz y Paulino Navarro, que participaron en el maltrato a Kepa Otero y José Ramón Quintana; y José María Rodríguez y Damián Vinayo, que torturaron a Javier Fernández.

El entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó su decisión asegurando que todas estas personas indultadas de delitos de tortura habían sido condenados por casos de «escasa gravedad» (aplicación de descargas eléctricas en pene, testículos y cabeza, simulacros de ejecuciones con pistola o por ahorcamiento, golpes continuados...) y en los que su participación había sido «circunstancial o incluso indirecta».

Los gobiernos españoles nunca han actuado en serio contra la tortura, como lo denuncian organismos internacionales.