«No han hecho nada para que la central pueda funcionar más allá del 6 de julio de 2013». De esta forma tan tajante se expresó la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, cuando, el jueves en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados, se le preguntó sobre los rumores que daban por hecho que había un acuerdo entre el Gobierno español y una empresa eléctrica (en algunos foros «confidenciales» se citaba a la propia Iberdrola) para posibilitar la prórroga de Garoña, cuyo cierre está previsto para el 6 de julio del próximo año.

Martínez Ten también fue rotunda al indicar que el CSN no contempla «ningún supuesto más que el cese de Garoña», insistiendo en que Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa) no ha realizado ninguna reforma en las instalaciones que pudiera recibir el aval del organismo de seguridad nuclear para seguir funcionando hasta el año 2019. Es más, siguiendo esa lógica, indicó que el CSN está trabajando para llevar a cabo el desmantelamiento de la planta burgalesa, subrayando que es un proceso tan relevante como el de su funcionamiento actual.

Pese a ello, ayer el Gobierno del PP volvió a sembrar incertidumbre sobre el tema. «El Gobierno, así se lo ha manifestado a Endesa e Iberdrola, desea que no se infrautilice ningún tipo de capacidad de energía instalada que hay en España, mucho menos si es una capacidad que ya esta más que amortizada», comentó a la agencia Efe el ministro de Industria, José Manuel Soria.

El ministro puntualizó que esa vía solo se puede recorrer siempre que el CSN determine que la central puede seguir funcionado. El Gobierno de Rajoy apoyará que así sea, insistió, y «le da igual que sea con el operador actual o con otro».

El plazo concluyó en setiembre

Soria recordó que, en su día, el Consejo de Ministros consideró «inexplicable» que los actuales propietarios de Garoña dejaran vencer el plazo (se agotó el pasado 6 de setiembre) para ampliar seis años la actividad de la central, máxime después de que el propio Gabinete de Rajoy diera «todos los pasos que tenía que dar» para que esta prórroga fuera posible.

La insistencia en esa actitud del Ejecutivo estatal es más difícil de comprender teniendo en cuenta que los responsables institucionales de Castilla y León, también del PP, se expresan sobre el tema con una perspectiva totalmente opuesta.

Como ejemplo significativo, tras la intervención en el Congreso de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear,el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, indicó que el único futuro que queda para la central de Garoña es el cierre a pesar de que, como confesó, desde el Ejecutivo regional también se ha «intentado» que se mantenga en funcionamiento.

Y una posición similar es la adoptada por el diputado general de Araba, Javier De Andrés, al menos tras cumplirse el plazo para que Nuclenor presentara la solicitud, mientras que otros dirigentes alaveses del PP, como el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ya estaban alineados con los opositores a la prórroga.