La decisión del Gobierno español de no revalorizar las pensiones contributivas conforme a la desviación del IPC en 2012 entró ayer en vigor, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley que articula dicha medida. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, volvió a defender ayer el acuerdo adoptado por el Ejecutivo, que calificó de «ejercicio de responsabilidad» y, aunque dijo reconocer el esfuerzo que supondrá para los pensionistas, negó que vaya a perjudicar a los más vulnerables.