Cientos de miles de islamistas mostraron ayer su respaldo al presidente egipcio, Mohamed Morsi, en respuesta a la masiva manifestación de la oposición de la víspera contra la ampliación de los poderes del presidente. La crisis política está aumentando la división entre el movimiento islamista en el poder. por una parte, y los grupos laicos, liberales y cristianos por la otra.

Los manifestantes, pertenecientes tanto a los Hermanos Musulmanes como a grupos salafistas se concentraron ante la Universidad de El Cairo. Entre banderas de Egipto, verdes -color utilizado como símbolo del Islam político-, e incluso banderas negras con el lema «No hay más dios que Alá» -usadas por los jihadistas-, hombres con barba y túnica, y mujeres con velo llevaron a cabo la protesta en ambiente festivo.

«Queremos que esta transición termine, queremos una Constitución. Si a algunos no les gusta esta Constitución que lo hagan saber en las urnas», retaba un manifestante. «El pueblo quiere la aplicación de la Ley de Dios», gritaban varios de los concentrados. La caída de un árbol sobre la multitud cerca del escenario principal mató a una persona e hirió a otras 24.

También se llevaron a cabo manifestaciones a favor de Morsi en Alejandría y en la provincia de Assiut. Los partidarios de Morsi estiman que las últimas decisiones son provisionales y permitirán a Egipto consolidar su democracia, mientras la oposición acusa al presidente de convertirse un un nuevo «faraón» acumulando todo el poder y tratando de consolidar un gobierno islamista totalitario.

En la otra orilla del Nilo, varios cientos de opositores todavía mantienen la acampada que comenzaron en la plaza Tahrir el 23 de noviembre, al día siguiente del decreto en el que Morsi reforzó su poder de forma considerable.

Los grupos opositores quieren además continuar la movilización para denunciar también el proyecto de Constitución elaborado por la comisión constituyente, que consideran que atenta contra la libertad de religión y de expresión, al consagrar la ley islámica, bajo interpretación suní, como fuente de derecho y conferir al Estado el papel de «protector de la moralidad» y prohibir «el insulto a los profetas». El proyecto será votado en referéndum en las próximas semanas.