fiscalidad y justicia social
Los múltiples atajos del fraude fiscal condenan a la injusticia social
Justicia fiscal y justicia social van de la mano, pues no cumplir con la primera lleva inevitablemente a un modelo social condenado a las desigualdades y la pobreza. Por ello, cobra vital importancia establecer mecanismos contra el fraude.
Iraia OIARZABAL
Bajo el título “Justicia fiscal, justicia social”, una jornada celebrada esta semana en el campus de la UPV-EHU de Gipuzkoa analizó la importancia que tiene cumplir con las normas en materia fiscal para contribuir al mantenimiento de una sociedad justa. El por qué es sencillo. La política fiscal consiste en recaudar dinero de los ciudadanos para después destinarlo al gasto público, es decir, a financiar la salud pública, la educación, las infraestructuras... De hecho, en la Unión Europea los ingresos fiscales suponen aproximadamente el 90% de los ingresos totales de los gobiernos.
Durante la charla, organizada por Economistas Sin Fronteras en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas y la Facultad de Empresariales de la UPV, sus tres ponentes, Javier Pereira, Amparo Grau y Orencio Vázquez, pusieron de manifiesto las graves consecuencias que conllevan las prácticas de fraude fiscal, que abocan a los países en vías de desarrollo a no poder salir del agujero de la pobreza. Los grandes grupos económicos son los principales responsables de esta situación, ya que se valen de las múltiples vías existentes para defraudar al fisco. Solo una política de total transparencia puede servir para cerrar las puertas al fraude.
Javier Pereria:«La evasión fiscal cuesta a los países en desarrollo 500.000 millones al año»
Las 50 mayores empresas europeas tienen unas 4.700 filiales en paraísos fiscales; entre 21 y 30 millones en depósitos de las personas con un elevado patrimonio se encuentra en paraísos fiscales. Y todo ello, ¿para qué? La respuesta es tan clara como sencilla: para no pagar impuestos y obtener más beneficios.
Javier Pereira, responsable de Incidencia Política en Eurodad (Red Europea de Deuda y Desarrollo) expuso en Donostia el impacto de la evasión fiscal en el desarrollo sostenible y no dudó de que todas estas artimañas para evitar declarar al fisco tienen una incidencia directa en la proliferación de la pobreza y las desigualdades sociales.
Aunque la falta de transparencia y legislación impiden obtener datos concretos sobre el fraude fiscal, Pereira presentó una serie de estimaciones que bien sirven para hacerse una idea de su impacto. Por ejemplo, debido a la actividad en paraísos fiscales, en 2009 los países en desarrollo perdieron prácticamente 800.000 millones de dólares, lo que equivale al 4,3% de su PIB. De media, se estima que la evasión fiscal tiene un coste de unos 500.000 dólares al año para los países empobrecidos. La inversión extranjera directa en dichos países está en torno a los 680.000 millones, pero la ayuda oficial al desarrollo tan solo alcanza los 134.000 millones al año.
Asimismo, hay una elevada cantidad de riqueza acumulada en depósitos –entre 21 y 30 millones– que se encuentra en paraísos fiscales. La mitad, cerca de diez millones, pertenece a tan solo 22.000 personas. Para hacerse una idea de lo que supone tal cantidad, cabe destacar que el PIB del Estado español actual es de 1,5 millones y el de China en 2011 fue de 7,5 millones.
Ahora bien, ¿qué supone todo este dinero desviado de las arcas públicas? Pereira sostuvo que si se recaudaran impuestos sobre los rendimientos de esos bienes se generarían unos 190.000 millones de dólares al año.
Un manto de secretismo
Evadir las responsabilidades fiscales es «relativamente sencillo» y muchas empresas caen en la tentación. La mitad de los mayores grupos empresariales tienen 4.700 filiales en paraísos fiscales. Asimismo, cerca del 50% del comercio mundial se produce en empresas de un mismo grupo o multinacional. Sin embargo, el manto de secretismo que pesa sobre la actividad de dichas empresas complica mucho la obtención de datos.
El uso de testaferros para ocultar la propiedad real de empresas ubicadas en paraísos fiscales o la manipulación de los precios de transferencia son parte de la artillería utilizada por los grandes grupos empresariales para ocultar su actividad y, por lo tanto, declarar menos a las arcas públicas.
Ninguna ley evita o investiga el hecho de que, por ejemplo, tan solo 28 directores gestionen un total de 21.500 empresas en paraísos fiscales. La teoría contempla mecanismos para evitar estas situaciones, y parten de la premisa de una política transparente y de transferencia de datos. El reto consiste en superar los obstáculos que impiden llevarlo a la práctica.
Orencio Vázquez: «El fraude en el Estado español asciende a 90.000 millones»
Empresariales los que mayor peso tienen en la práctica del fraude, según los datos aportados por Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en su ponencia sobre la responsabilidad fiscal de las empresas. Ello, unido al resurgimiento de grandes grupos económicos «tremendamente poderosos», hace que la evasión fiscal sea una práctica cada vez más común.
Para visibilizar la red que conforman estos gigantes empresariales, Vázquez citó el ejemplo de General Electric. Se trata de un grupo económico que bajo una sola marca agrupa 5.000 ó 6.000 empresas que actúan en diversas actividades alrededor del mundo, se estima que entre 70 u 80 países.
Además, una parte importante del flujo financiero que generan estas empresas se produce entre las compañías y sus propios grupos económicos. Con lo que es dinero que se queda en la propia red.
De hecho, una gran parte de estas empresas –en el sector textil o automovilístico principalmente– no produce prácticamente nada por ellas mismas, lo que inevitablemente tiene una incidencia directa en la economía. A las empresas pequeñas les es prácticamente imposible competir con estos gigantes que producen productos muchos más baratos con costes mucho menores, valiéndose para ello de las condiciones ventajosas que ofrecen los países en desarrollo.
Dinero que se desvía
La consecuencia más significativa de esta expansión de las empresas es que ese flujo financiero internacional se centra en paraísos fiscales. Una investigación apunta a que de los diez principales inversores de China, seis o siete eran paraísos fiscales.
Vázquez alertó además de las campañas de «lavado de imagen» a las que estos grandes grupos someten a la sociedad. Como ejemplo, relató que responsables de Google afirmaban ser una empresa socialmente responsable mientras se valían de un paraíso fiscal para pagar solo un 2,4% en impuestos.
Los mismo ocurre en gran parte de las empresas del Ibex 35. Los datos son alarmantes, puesto que aunque trasmiten información relacionada con derechos humanos, medioambientales, laborales o económicos, en la práctica eluden aportar al fisco por la actividad que realizan. Solo para hacerse una idea de su dudosa actuación, Vázquez señaló que en 2010 el 86% de las empresas del selectivo español tenía presencia en paraísos fiscales y el resto lo hacía de forma indirecta a través de sus principales propietarios.
Ante esta situación, es evidente que las empresas del Ibex pagan cada vez menos impuestos. De hecho, afirmó que los tipos impositivos de las grandes empresas han ido disminuyendo en los últimos años, cayendo así la recaudación del Impuesto de Sociedades. Solo en el Estado español, el fraude asciende a 90.000 millones de euros y el 72% se concentra en grandes empresas y grande patrimonios.
Derechos humanos
«España es un ejemplo claro de cómo se han llevado políticas erróneas que han generado una situación de fragilidad social con un alto impacto en la población, la economía y el medio ambiente», sostuvo Vázquez.
Defendió que existen vías para cerrar las puertas a todas estas prácticas de evasión fiscal, y éstas pasan por que las empresas opten por hacer pública su actividad y elaborar un listado de paraísos fiscales. Porque, al fin y al cabo, todas estas actividades ilícitas en materia fiscal conllevan no respetar los derechos humanos.
Amparo Grau Ruiz: «Los incentivos que se dan por miedo a perder una inversión te hacen cautivo»
Cómo evitar la elusión y la evasión fiscal?, Amparo Grau Ruiz, profesora de Derecho Financiero y Tributario, trató de responder a esta cuestión partiendo de las propuestas de sus compañeros. Hizo hincapié en la necesidad de erradicar tanto la evasión como la elusión, ya que, aunque muchas prácticas destinadas a evitar el pago de impuestos entran técnicamente dentro de la legalidad, son más que cuestionables desde el punto de vista ético.
En primer lugar, destacó que es necesaria una coherencia entre todas las medidas de diferentes ámbitos como el fiscal, el derecho ambiental o de inversiones, puesto que a la hora de recaudar todo tiene implicaciones. Además de la regulación, apeló a la responsabilidad de las empresas.
Entre las medidas contra el fraude, Grau mencionó la construcción de vías de cooperación que eliminen la doble imposición, la asistencia mutua entre organizaciones tributarias, controles simultáneos basados en la actuación conjunta de varios inspectores, convenios multilaterales o el endurecimiento de las leyes antifraude.
No obstante, en el momento de las réplicas varios asistentes mostraron dudas sobre la posibilidad o voluntad, tanto de las empresas como de los gobiernos, de llevar estas iniciativas a la práctica mientras les sea posible seguir manteniendo ganancias a costa de no pagar impuestos.
Incentivos, ¿si o no?
Uno de los temas en los que insistió Grau fue el de los incentivos que se dan a las empresas por hacer inversiones en diferentes ámbitos; por ejemplo, para fomentar conductas responsables con el medio ambiente. «Muchas veces los incentivos se dan por miedo a perder una inversión y entonces, ya eres cautivo de ese incentivo», destacó. En su opinión, los incentivos no son malos si de verdad se controlan, pero consideró una mejor opción aplicar una especie de «tasa Tobin» para el desarrollo cuya recaudación se destine a crear infraestructuras en países en desarrollo.
