Cuál es nuestro error? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Y la justicia?» Jamal Al Dalo, de 50 años, clama por la muerte de diez miembros de su familia durante la última operación militar israelí. Los ocho misiles lanzados desde un F-16 el pasado 18 de noviembre arrasaron su domicilio, ubicado en la calle de Al Nasser, en el centro de la ciudad de Gaza, y acabaron con la vida de su mujer, su hijo, cuatro nietos, dos sobrinos, su tía y dos de sus hermanas. Sus nombres están grabados en un cartel de recuerdo en el que aparece la imagen de Mohammed Jamal, su hijo, en un recordatorio de Hamas. La habitación, ubicada en el apartamento donde Jamal se ha realojado, está completamente vacía. Los Al Dalo se han convertido en uno de los símbolos de la última agresión israelí contra la Franja. Nada más conocerse las consecuencias de su ataque, Tel Aviv evadió las acusaciones de crímenes de guerra asegurando que iniciaría una investigación. Nadie puede creerlo. «Es el cinismo de quien se considera impune», denuncia Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR, en sus siglas en inglés). Tanto él como las víctimas están dispuestos a llegar hasta el final. Por eso, considera que «desde un punto de vista legal», la admisión de Palestina como Estado observador de la ONU el pasado día 29 puede «abrir puertas». Ya han recopilado la información y harán «lo que sea necesario» para sentar en el banquillo del Tribunal Penal Internacional a los culpables. Sin embargo, es consciente de que los precedentes no son halagüeños. La justicia israelí ignoró las más de 1.400 demandas interpuestas a causa de la operación «Plomo Fundido» y el «informe Goldstone» que acusaba a Israel de crímenes de guerra nunca llegó a la corte presidida por Luis Ocampo por las presiones de Tel Aviv.

«Aquí no había combatientes. Queremos vivir. ¿Crees que mi hermano iba a poner a sus hijos como escudos?», protesta Ahmad Al Dalo, de 27 años. Residía en Turquía y pisó Gaza por primera vez en seis años el pasado viernes. Su mujer es turca y no le permitían cruzar a través de Rafah a causa del bloqueo, que todavía se mantiene. Tras la tragedia, ha dejado todo y se instalará en la Franja. «Mi hermano trabajaba en la seguridad, puedes ir a la oficina a preguntarlo», señala. No niega sus simpatías políticas pero claro que ese no es el problema. No está dispuestos a entrar en esa lógica perversa por la que los los miembros de la resistencia islámica y sus familias se presentan como objetivos potenciales de un asesinato selectivo. «No vamos a esconder nuestro apoyo a Hamas. ¡Ganó las elecciones! ¿Eso es motivo para matarle a él y a su familia?», asegura con rabia. Junto a él, su padre, sin dejar de recordar aquella noche en la que decidió ir a por comida y, al regresar, encontró su casa reducida a escombros. Ahora, un cartel con el lema «¿por qué fueron asesinados?» y las fotos de Sarah (7 años), Jamal (5), Yousef (4) e Ibrahim (9 meses) recuerda qué ocurrió en este bloque convertido en un cráter de hormigón. Miembros de Human Rights Watch, del PCHR y del Gobierno palestino se han puesto en contacto con la familia para tramitar una querella ante la Corte Internacional. El Gobierno israelí llegó a reconocer haber «errado» al atacar una casa que no querían arrasar. Nadie espera que haga nada, más allá de un formalismo que, en esta familia, se considera una hipocresía.

«Es un milagro seguir con vida»

«Los civiles han sido los verdaderos objetivos de esta agresión», sentencia el director del PCHR. «Incluso si hubiese 20 Qassam (cohetes de fabricación casera utilizados por las milicias palestinas), bombardear una casa llena de gente también sería un crimen de guerra», argumenta. El domicilio de Zahar Abu Zour, de 20 años, ubicado en Zeitun, no era un arsenal. Allí no había más que familias asustadas. En la brutal noche del 18 de noviembre, Zahar murió, junto a Mohammed Abu Zour, de tres años y Abu Zour, de 15, cuando trataban de refugiarse en casa de un familiar. Su vecino, Ahed Al Qtately, de 38, también perdió la vida. Escuchó los gritos de auxilio y «salió a ayudar», tal y como recuerda Rasha, su mujer, embarazada de seis meses y a cargo de otros seis hijos.

«El primer ataque con el drone destrozó nuestro cuarto, así que salimos corriendo, asustados», relata Saadi, marido de Zahar, plantado frente a la casa para intentar salvar alguna pertenencia. Las 24 personas que residían en su apartamento se refugiaron en el portal contiguo, propiedad de su tío. No recuerda nada de lo que ocurrió después de que el F-16 descargase contra una vivienda cercana. «La gente que viene aquí dice que es un milagro que sigamos con vida», señala. El domicilio, de dos plantas, ha quedado reducido a su estructura de hormigón y lo que antes eran paredes se amontonan en la fachada de enfrente. «¿Cuál fue mi error? Solo queríamos vivir tranquilos. ¿Dónde está el derecho?», afirma con rabia.

Casos como el de los Al Dalo o los Abu Zour vuelven a poner sobre la mesa la impunidad del Ejército israelí. «Ha seguido la línea de lo que ocurrió en 2009, atacando todo tipo de edificios civiles», explica Samir El Mana´ama, abogado del centro Al Mezam, especializado en Derechos Humanos. Coincide con Sourani en que la impunidad de Tel Aviv es consecuencia del aval recibido desde Europa y Estados Unidos. Ambos trabajan en dos vías para perseguir a los culpables, entre los que señalan al ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. «De los tribunales israelíes no podemos esperar nada», dice Sourani. Tampoco de los internacionales, aunque la admisión de Palestina como Estado observador le permite presentar los casos de posibles crímenes de guerra ante la Corte Internacional de la Haya. «Estamos dispuestos a ir a todas las agencias, a todos los tribunales», asegura Ahmad Al Dalo. Su padre, que nació como refugiado en Gaza después de que su abuelo fuese expulsado de Jaffa (localidad palestina en el actual Estado de Israel), añade: «quieren que nos marchemos de aquí pero no lo haremos». La mayoría de los 168 muertos durante ocho días de agresión eran civiles. La pregunta que se hacen muchos palestinos sigue siendo: «¿Dónde está la justicia internacional?»