Al parecer, el Gobierno central ha decidido esperar unas semanas y no cumplir estrictamente el calendario establecido por el Memorándum of Understanding pactado con el Eurogrupo a efectos de la regulación del régimen de las cajas de ahorros bancarizadas como KutxaBank. Recordemos el texto recogido en el Memorándum:

«Las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario».

La normativa incluirá, previsiblemente, una nueva regulación del status de las cajas de ahorros que han cedido su actividad a entidades bancarias y, quizás, la participación del Gobierno central. Aunque los rumores apuntan a que la aprobación de estas normas se produzca durante las próximas semanas, KutxaBank, mientras tanto, queda a la espera. Y, con KutxaBank, el conjunto del País Vasco.

Hay que tener en cuenta que la aprobación de esta norma no implica necesariamente la inmediata aplicación de la reducción de la participación de las cajas en entidades bancarias. El propio texto del Memorándum, al incluir la expresión «en último término» está haciendo referencia a la necesidad de establecer un plazo razonable al respecto. Sin perjuicio de las posibles diferencias de interpretación sobre qué se entiende por plazo razonable.

¿Cuál puede ser el escenario futuro? Vamos a prescindir de temas de gran eco en los medios de comunicación pero casi «anecdóticos», como el de las posibles incompatibilidades entre cargos entre las cajas de ahorros y las entidades bancarias. Decimos «anecdóticos» porque la gravedad que supone el riesgo de que el País Vasco pierda el control de su sistema financiero empequeñece todo lo demás.

No obstante, desde nuestro punto de vista, deberíamos pensar que el riesgo es, en cualquier caso, relativo. La razón de ello radica precisamente en que, por muy radicales que sean las condiciones finalmente establecidas, KutxaBank siempre tiene la opción de dar marcha atrás al proceso de bancarización y optar por uno de los dos status bancarios no sometidos a esta regulación: el de caja de ahorros o el de cooperativa de crédito. Ambos serían compatibles con la trayectoria histórica de nuestras cajas de ahorros y con la solvencia y solidez de nuestro sistema financiero.

En caso de que se decidiera mantener el status de banco, KutxaBank se vería obligado a incorporar nuevos accionistas hasta, probablemente, un 51% del control corporativo. Incluso en este contexto de incorporación de otros titulares, habrá que estar a la espera del contenido del previsto Decreto del Gobierno español para determinar cuáles son las opciones sobre posibles nuevos accionistas que pudieran ser compatibles con el control social de KutxaBank. Y, por supuesto, los plazos para hacer efectivo el cambio en la composición accionarial.

Sobre las intenciones del gobierno español al respecto, veamos, a modo de referencia, dos textos. Por un lado, la afirmación del Gobernador del Banco de España el día 4 de octubre en el Congreso de Diputados sobre el Memorando de Entendimiento acordado con el Eurogrupo: «Un acuerdo que las autoridades españoles, y les aseguro, el Banco de España, vamos a cumplir del modo más exacto posible».

Por otro lado, el texto recogido en la página web oficial de la Presidencia del Gobierno: «Entre estos cambios se aborda la transformación de las cajas de ejercicio indirecto (aquellas que han traspasado su actividad financiera a un banco) en fundaciones bancarias en el caso de que mantengan participaciones significativas en una entidad de crédito o en fundaciones ordinarias, en caso contrario. Se mantiene la figura de la caja de ahorros de ejercicio directo (las que captan depósitos), aunque en un ámbito geográfico y de actividad reducido. Se determinará el nivel de participación que tanto las cajas como las fundaciones bancarias pueden ostentar en bancos comerciales».

Todo parece indicar que el gobierno español interioriza los criterios recogidos en el Memorándum pactado con el Eurogrupo y que, por lo tanto -a corto, medio o largo plazo- se pretende la desaparición del modelo de cajas bancarizadas impulsado por el anterior equipo del Banco de España.

Es hora, por lo tanto, de que todos empecemos a pensar en modelos alternativos. En el texto indicado, el propio Gobierno español manifiesta su intención de no cuestionar el concepto tradicional de caja de ahorros y parece reconocer expresamente que, al menos, esta es una opción abierta para KutxaBank. Puesto que la opción de dar marcha atrás al proceso de bancarización y volver al status de caja de ahorros es una opción abierta, no sería malo que nuestros responsables económicos y políticos y nuestros medios de comunicación empezaran a debatir con serenidad sobre las ventajas e inconvenientes de este proceso. Esto nos permitiría a todos perder el miedo escénico -comprensible, por otra parte- a reconocer algunos de los errores estratégicos que hemos cometido al respecto durante estos años. Dada la gravedad de lo que tenemos en juego cara al futuro, los posibles reproches por actuaciones pasadas deberían ser, en la medida necesaria, evitados.

Si el objetivo común se centra en dar marcha atrás al proceso de bancarización y mantener la fusión de las tres cajas vascas, los posibles obstáculos formales o procedimentales para hacerlo efectivo deberían ser obviados de mutuo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. En cualquier caso, lo que se encuentra en juego desde la perspectiva del futuro de la economía vasca es de tal trascendencia, que deberíamos pensar que ningún grupo político tolerará ningún riesgo de pérdida de control de KutxaBank.

En principio, deberíamos pensar que la solvencia y estabilidad del sistema financiero vasco es un objetivo compartido por todos los grupos políticos. Es difícil apreciar quién ganaría algo apostando por la destrucción de nuestra economía.

Partiendo de ello, entendemos que ningún grupo político puede defender seriamente un status en el que las cajas de ahorros vascas pierdan el control de KutxaBank. Si el status bancario nos lleva en esa dirección, la solución es clara: dar marcha atrás al proceso de bancarización. Como hemos dicho, no vemos ninguna razón -ni económica ni ideológica- por la que algún grupo político pudiera aspirar a otra cosa.