El Tribunal Constitucional egipcio inició ayer una huelga indefinida para protestar contra las presiones de los islamistas partidarios del presidente Mohamed Morsi, que rodearon ayer su sede en la que debían estudiar la validez de la comisión constituyente.

El Tribunal había decidido previamente suspender la audiencia en la que iba a estudiar la legalidad de esta comisión y de la Cámara alta del Parlamento, dominadas ambas por los islamistas. Y ello a pesar del decreto presidencial que anuló los recursos y situó a Morsi por encima de las decisiones judiciales. Pero cientos de islamistas se concentraron ante el tribunal tratando de impedir que los jueces entraran en el edificio, bloqueando incluso la principal carretera de acceso. Un responsable del Ministerio del Interior indicó que los magistrados pudieron entrar gracias a las fuerzas de seguridad.

«La voluntad del pueblo es más fuerte que la voluntad de algunos jueces», aseguraba Ismail Ahmed, uno de los manifestantes, aludiendo al hecho de que muchos de los jueces que ejercen actualmente fueron nombrados bajo el gobierno de Hosni Mubarak.

Poco después, el Tribunal anunció la suspensión sine die de las audiencias para denunciar estas «presiones sicológicas y materiales» criticando el «asesinato sicológico» de sus jueces y calificando los sucesos como «un día negro en la historia de la justicia egipcia».

Referéndum

El poder judicial dio así un nuevo paso adelante en su desafío a Morsi tras el decreto del 22 de noviembre en el que el presidente islamista prohibió cualquier recurso a la justicia en contra de sus propias decisiones y contra la Comisión Constituyente, boicoteada por la oposición de izquierdas y laica, así como por grupos cristianos.

La Constitución debe ser sometida a referéndum el 15 de diciembre, según decretó Morsi el pasado sábado. Pero otro desafío judicial puede poner en dificultades la consulta. El presidente del Club de Jueces, principal asociación de la magistratura egipcia, Ahmed el Zend, anunció que los jueces del país han acordado no supervisar el referéndum. El Zend explicó que en la reunión que mantuvo con las diferentes ramas provinciales de su asociación se decidió por unanimidad boicotear la consulta.

En Egipto, los magistrados son los encargados de supervisar las elecciones, y durante el periodo de transición ya han ejercido este papel en los comicios legislativos y los presidenciales.

El magistrado Ibrahim Darwish, experto constitucionalista, criticó la forma en que ha sido redactada la Carta Magna y su aprobación por la Asamblea Constituyente sin que haya un consenso, tras la retirada de los laicos y los liberales.

La víspera, Morsi había pedido a los ciudadanos que «miren con objetividad» el borrador constitucional y destacó que «subraya la soberanía del pueblo, los derechos y la dignidad de todos los egipcios, iguala los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación por creencia o raza y reduce los poderes del presidente».

El mismo día, cientos de miles de islamistas respaldaron en la calle al presidente frente a las críticas de la oposición. «Una nación, dos pueblos», definía la división del país el diario Al-Shurouq en Une», mientras que «Al-Masri Al-Yom» tituló «Egipto sobre un volcán».