El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación en torno a los sobrecostes abonados por la sociedad pública guipuzcoana Bidegi a los adjudicatarios de las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Gasteiz) durante el anterior Gobierno de la Diputación, en manos de PNV y Hamaikabat. La investigación parte de la posibilidad de que dichas desviaciones presupuestarias -hubo incrementos de hasta el 52% sobre el importe inicialmente previsto- «pudieran ser constitutivas de un presunto ilícito contable por alcance», un hecho que de confirmarse tendría graves consecuencias y pondría en un serio aprieto a los antiguos gestores de la administración. La portavoz actual de la Diputación, Larraitz Ugarte, opinó que el tribunal debe llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sea cual sea su resultado final, mientras que Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa en el periodo investigado, dijo estar tranquilo y defendió la gestión de su Gabinete. Bien está que el exmandatario jeltzale esté tranquilo, pero es necesario que la investigación sea completa para que quienes se sientan tranquilos sean todos los guipuzcoanos.