Ainara Lertxundi Periodista
De Sri Lanka a Siria, la historia se repite
En mayo de 2009, el Gobierno de Sri Lanka dio por finalizada la guerra contra los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) tras meses de dura ofensiva por tierra, mar y aire. No hay cálculos precisos, porque sobre el terreno apenas hubo testigos, más allá de los propios civiles tamiles. Colombo se aseguró de que no hubiera miradas incómodas. Semanas antes de iniciar la operación militar, forzó la salida de periodistas, de organizaciones no gubernamentales y de personal de la ONU. Aún así, se estima que solo en los últimos cinco meses del operativo, de enero a mayo, fallecieron cerca de 40.000 civiles. Sri Lanka niega tales cifras y la comisión de crímes de guerra, pese a que un informe elaborado por Marzuki Darusman, exministro de Justicia de Indonesia; Steven Ratner, profesor de Derecho en la Universidad de Michigan, y Yasmin Sooka, directora ejecutiva de la Fundación para los Derechos Humanos de Sudáfrica, concluyó que el grueso de las muertes son «atribuibles a los ataques gubernamentales deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra los civiles, mediante masivos bombardeos aéreos y de artillería, incluso contra hospitales claramente señalizados». Y advertían que «el poco interés externo por el derramamiento de sangre mientras este ocurría no puede ser una excusa para seguir ignorando la situación. La comunidad internacional debe ahora asumir su deber para asegurar que Sri Lanka cumpla sus responsabilidades para con todo su pueblo y el resto del mundo».
En un crítico informe interno filtrado a principios de noviembre, la propia ONU reconoció que falló a la hora de brindar protección a la población tamil y censuró que su personal en Colombo no sintiera que era su responsabilidad protegerla y evitar así una matanza. Hacía también un llamamiento a extraer lecciones de las fatales consecuencias que acarreó dicha inoperancia. Pero, parece que esta experiencia fallida no es aplicable a Siria. La ONU acaba de anunciar su decisión de retirar a una parte de sus colaboradores extranjeros y de limitar sus acciones, en claro detrimento de los más indefensos.