En su polémico plan de reforma del censo, el Gobierno español no quiere reconocer los mismos derechos para todas las personas que han abandonado Euskal Herria por motivos políticos vinculados al conflicto vasco según sus propias tesis. Así, mientras defiende el voto de aquellos que afirman haber emigrado por miedo a la actividad armada de ETA, no contempla lo mismo para quienes hayan tenido que abandonar su tierra por la presión ejercida desde las diferentes organizaciones parapoliciales de extrema derecha, como son el GAL, la Triple A y el Batallón Vasco Español.

Según informó ayer Europa Press, el Ejecutivo derechista defiende esta discriminación en una respuesta por escrito a las preguntas formuladas por Jon Iñarritu (Amaiur), que la pasada semana registró una batería de cuestiones relacionadas con la reforma electoral prevista por el PP y que no ha recabado por ahora más apoyos, al menos en los términos planteados.

A preguntas de Amaiur, el Gobierno dice que los vascos que se han visto obligados a dejar su tierra por la amenaza directa de estos grupos armados no tendrían derecho a votar porque «no son desplazados».

«Estas son personas que, debido a su vinculación con la comisión de delitos de terrorismo, pretenden eludir la acción de la justicia», señaló el mismo Ejecutivo, que obvía así que muchas personas víctimas de guerra sucia ni siquiera tenían vinculación con ETA.

Según datos de la fundación Euskal Memoria de hace dos años, de 474 muertos por este tipo de violencias en 50 años solo 130 eran militantes de organizaciones armadas.

Hasta la disolución

En cuanto al voto de las personas que afirman haber emigrado por culpa de ETA, el Gabinete del PP reitera en la respuesta que tratará de otorgar derecho a voto a todas las personas que hayan estado inscritas durante al menos cinco años en el censo de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa y que hayan cambiado su domicilio dentro del Estado español «como consecuencia de la presión de la violencia terrorista -en referencia exclusiva a ETA- entre el 15 de junio de 1977 y el 31 de diciembre de 2011».

En este punto, el Gobierno de Rajoy sostiene que «lo idóneo» sería poner la fecha de disolución de la organización vasca o la de la entrega de las armas como límite para poder acogerse a la alteración del censo electoral.