El Gobierno español del PP ha apostado por empobrecer más a los pensionistas al no revalorizarles su pensión por la pérdida de poder adquisitivo al incrementarse la inflación muy por encima de la subida del 1% que se aplicó desde enero de este año. El Ejecutivo de Mariano rajoy decidió no atender esa revalorización, mediante un decreto ley que pondrá fin a esa equiparación que, sin embargo, en otros países se produce y se atiende para que los pensionistas no pierdan recursos.

Varios países europeos, entre los que se encuentran Gran Bretaña, Estado francés, Italia, Austria y Bélgica vinculan la evolución de las pensiones a la inflación, circunstancia que también sucedía en el Estado español a hasta que este año.

Así las cosas, la Unión Europea deja margen a los países para decidir los ajustes que quieren aplicar a las pensiones y no existe ningún tipo de obligación respecto a compensaciones por el aumento de la inflación.

«Es una cuestión en manos de los Estados miembros», señaló a la agencia Efe el portavoz comunitario de Empleo y Asuntos Sociales, Jonathan Todd, quien añadió que Bruselas sí ha pedido a los Veintisiete que aseguren «la sostenibilidad de las pensiones con medidas como el aumento de la edad de jubilación» En el Estado francés, las pensiones del régimen de la Seguridad Social -unos 12 millones- están vinculadas a la inflación y la revalorización se aplica cada año el 1 de abril. En esa fecha se aplica la previsión del índice de precios al consumo que ha elaborado la Comisión Económica de la Nación y posteriormente se procede a un ajuste por el posible desfase.

Según el coste de la vida

En el Gran Bretaña el aumento de las pensiones se calcula en base al índice de precios al consumo (IPC), aunque hasta hace dos años se hacía teniendo en cuenta el índice de precios minoristas (RPI), cuyo porcentaje suele ser ligeramente más alto al incluirse el coste de la vivienda y el pago de los intereses de las hipotecas.

Además, el alza de las pensiones se hace en base al IPC de setiembre para ser aplicado a partir del 1 de abril del año siguiente, cuando comienza del año fiscal.

En Italia las pensiones aumentan cada año según la inflación, pero son los gobiernos los que pueden tomar decisiones extraordinarias al respecto. Así, el de Mario Monti con su último plan de ajuste aprobado en diciembre del año pasado congeló está subida vinculada al coste de la vida durante el bienio 2012-2013 para las pensiones que fueran tres veces superiores a la mínima, es decir por encima de 1.441,59 euros brutos.

En Austria la ley establece un aumento de las pensiones que compense la inflación, una norma que ha sido modificada por el Parlamento dentro del plan de ahorro del Gobierno y para 2013 las pensiones subirán un 1,8%, un punto por debajo de la inflación. Solo los jubilados con pensiones más bajas, por debajo de 837 euros, y sin otros ingresos, las ajustarán a la inflación.

En Bélgica las pensiones se ajustan de forma automática en función de un índice de referencia fijado para un año.

En Holanda el sistema de pensiones tiene tres pilares: percepción estatal básica, suplementaria de carácter colectivo y procedente de los fondos de pensiones privados. El 90% de los trabajadores se beneficia de los dos primeros pilares, que llevan aparejado un sistema de indexación relacionado con la inflación, que en 2011 fue del 2,9%, el mismo porcentaje del acumulado en lo que va de año.

En cambio, las subidas de las pensiones en Alemania se deciden en base a la situación financiera de las cajas aseguradoras, que actualmente disponen de unas reservas superiores a los 29.000 millones de euros y no necesariamente tienen en cuenta los incrementos del IPC. Las pensiones subirán en Alemania hasta un 11% en los próximos cuatro años, según se desprende del informe del Gobierno federal que aprobó el gabinete ministerial germano el pasado día 28 de noviembre.

En Grecia las pensiones hace tres años que no sólo no suben, sino que han sido recortadas. Y en Portugal, las pensiones han sufrido recortes y congelaciones desde 2011 debido a la obligación de reducir su gasto público.