La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del conflicto de competencias planteado por el Gobierno español ha suspendido el abono de la paga extra a los funcionarios autonómicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al menos hasta que haya una decisión firme al respecto, dentro de unos meses. Esta decisión, adoptada con una celeridad impensable en otros asuntos en manos de ese mismo tribunal, constituye, en primer lugar, una vulneración de los derechos adquiridos por los trabajadores públicos de la CAV, que vuelven a ver mermados sus salarios. Pero, más allá de sus consecuencias para los casi setenta mil perjudicados directos, es también una invitación a hacer una reflexión más profunda sobre las herramientas con las que cuenta este país para organizar su vida en todos los aspectos, por supuesto, también en el económico.

Que un ejecutivo que quiere pagar a sus trabajadores y dispone del dinero suficiente para ello no pueda hacerlo porque así lo ordena otra institución, de rango superior, dice mucho sobre su nivel de autogobierno. Más de tres décadas después del proceso estatutario, cualquier decreto del Gobierno español de turno, por injusto o extravagante que sea, prevalece sobre la decisión legítima de las instituciones de Hego Euskal Herria, aunque esté respaldada por una amplia mayoría social y política. Esta es una realidad que no pueden pasar por alto quienes defienden las virtudes del actual marco ni tampoco quienes sostienen que la ciudadanía de este país se autodetermina cada vez que acude a las urnas, un argumento falaz que la realidad ha puesto en evidencia en incontables ocasiones.

La Cámara de Gasteiz acoge hoy la sesión de investidura del próximo lehendakari, una cita apropiada para que los grupos expongan su postura respecto a la relación entre las instituciones del Estado y las vascas, hoy por hoy caracterizadas por la supeditación de estas respecto a lo que deciden aquellas. Mientras eso no cambie, la paga extra la decidirán siempre en Madrid.