La admisi�n a tr�mite por parte del Tribunal Constitucional del conflicto de competencias planteado por el Gobierno espa�ol ha suspendido el abono de la paga extra a los funcionarios auton�micos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al menos hasta que haya una decisi�n firme al respecto, dentro de unos meses. Esta decisi�n, adoptada con una celeridad impensable en otros asuntos en manos de ese mismo tribunal, constituye, en primer lugar, una vulneraci�n de los derechos adquiridos por los trabajadores p�blicos de la CAV, que vuelven a ver mermados sus salarios. Pero, m�s all� de sus consecuencias para los casi setenta mil perjudicados directos, es tambi�n una invitaci�n a hacer una reflexi�n m�s profunda sobre las herramientas con las que cuenta este pa�s para organizar su vida en todos los aspectos, por supuesto, tambi�n en el econ�mico.

Que un ejecutivo que quiere pagar a sus trabajadores y dispone del dinero suficiente para ello no pueda hacerlo porque as� lo ordena otra instituci�n, de rango superior, dice mucho sobre su nivel de autogobierno. M�s de tres d�cadas despu�s del proceso estatutario, cualquier decreto del Gobierno espa�ol de turno, por injusto o extravagante que sea, prevalece sobre la decisi�n leg�tima de las instituciones de Hego Euskal Herria, aunque est� respaldada por una amplia mayor�a social y pol�tica. Esta es una realidad que no pueden pasar por alto quienes defienden las virtudes del actual marco ni tampoco quienes sostienen que la ciudadan�a de este pa�s se autodetermina cada vez que acude a las urnas, un argumento falaz que la realidad ha puesto en evidencia en incontables ocasiones.

La C�mara de Gasteiz acoge hoy la sesi�n de investidura del pr�ximo lehendakari, una cita apropiada para que los grupos expongan su postura respecto a la relaci�n entre las instituciones del Estado y las vascas, hoy por hoy caracterizadas por la supeditaci�n de estas respecto a lo que deciden aquellas. Mientras eso no cambie, la paga extra la decidir�n siempre en Madrid.