En la propuesta, presentada ayer por los parlamentarios Oskar Matute y Belén Arrondo, se reclama además que la medida tenga efecto retroactivo, es decir, que se compense a las personas a las que se rebajó el importe de la prestación y a quienes no pudieron acceder a ella debido al cambio de las condiciones para recibirla.

Los representantes de EH Bildu denunciaron los intentos de «criminalizar» a los perceptores de estas ayudas extendiendo sobre «todos» ellos la sospecha de las irregularidades, cuando «el verdadero fraude» se encuentra en la evasión fiscal de las grandes rentas. Tal y como indicaron, en los tiempos de crisis es necesario «redoblar» los esfuerzos para garantizar la «dignidad» de los ciudadanos más desfavorecidos.

La coalición abertzale recordó que en la pasada legislatura, el Gobierno del PSE redujo la cuantía de la RGI, así como la de la prestación complementaria de vivienda en un 7% y que, en la práctica, subió de uno a tres años el requisito de antigüedad en el padrón para poder recibir esta ayuda. Citando datos de Cáritas, señaló que esta última modificación dejó a más de 3.000 personas fuera de estas prestaciones.

La proposición no de ley de Bildu reclama que se deroguen estas modificaciones en la normativa que regula la RGI y que, además, esta medida tenga carácter retroactivo, de forma que se pueda compensar a las personas afectadas por los cambios.

Fondo especial

La iniciativa plantea crear un fondo especial para compensar, en el primer trimestre de 2013, a los afectados por el recorte en la cuantía de la RGI y de la prestación complementaria de vivienda. Este fondo también debería aportar lo que correspondiera a las personas que no pudieron acceder a esta ayuda debido al cambio de los requisitos para recibirla. Arrondo y Matute cifraron en unos 50 millones de euros el presupuesto necesario para dicho fondo. El parlamentario de EH Bildu aseguró que el dinero para poner en marcha esta medida se puede obtener «de muchos lugares», como por ejemplo del presupuesto destinado a las obras del Tren de Alta Velocidad.

La coalición soberanista también demanda que se elimine de la ley la posibilidad de exigir a los perceptores de las ayudas que, a cambio, realicen determinados trabajos sociales. En este sentido, Matute manifestó que unir ambas cuestiones resulta «injusto».