pacto por la autodeterminación en catalunya
Mas y Junqueras ponen luz y taquígrafos al acuerdo de estabilidad
CiU y ERC escenificaron ayer el acuerdo de estabilidad para la próxima legislatura con un acto solemne en el Parlament, donde los líderes de ambas formaciones firmaron el documento que compromete al próximo Govern a convocar una consulta de autodeterminación en 2014. El pacto también recoge los compromisos de los dos partidos en cuanto a las prioridades del Govern y a la política económica y presupuestaria.
Beñat ZALDUA | BARCELONA
El Parlament acogió ayer un acto solemne en el que los líderes de CiU y ERC, Artur Mas y Oriol Junqueras respectivamente, firmaron el `Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Govern de Catalunya», pacto en el que Esquerra se compromete a apoyar el ejecutivo de CiU a cambio de una aceleración del proceso soberanista, que culminará con una consulta de autodeterminación en el 2014, a no ser que un «contexto socioeconómico y político» sin definir obligue a pactar una prórroga.
Más allá del acuerdo sobre la consulta, que recogemos íntegro en esta edición, el documento firmado ayer por Mas y Junqueras incluye dos anexos más en los que se recogen las prioridades de gobierno y la política económica y presupuestaria.
En el primer apartado, CiU y ERC acuerdan impulsar una serie de órganos e instrumentos «para garantizar la transición nacional», entre los que destaca el despliegue de la Administración Tributaria, la transformación del Institut Català de Finances en un banco público y el diseño de la Administración y la Tesorería de la Seguridad Social catalana. También se abordan en este apartado varias medidas para favorecer la recuperación económica y garantizar la cohesión social y los servicios públicos.
El apartado más grueso del acuerdo, sin embargo, es el de la política económica y presupuestaria, en el que ERC asume su corresponsabilidad a la hora de aprobar los presupuestos del 2013, que traerán un recorte de unos 3.000 millones de euros.
A cambio de este apoyo, el Govern impulsará varias novedades fiscales exigidas por los republicanos, como la recuperación del último tramo del impuesto de patrimonio o el impuesto sobre los depósitos bancarios, aprobado ya por el ejecutivo en funciones.
De puertas adentro
Todo eran sonrisas y caras de satisfacción ayer en el Parlament, pero a nadie se le escapa que no será fácil llevar el acuerdo a buen puerto, tanto por la oposición externa como por los problemas internos que puedan surgir en el seno de las dos formaciones.
Sin ir más lejos, ayer mismo al líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, le faltó tiempo para salir a enfriar los ánimos y declarar que «la consulta será legal o no será».
Por su parte, la dirección de ERC, conocedora de que el apoyo a los presupuestos escocerá a más de un simpatizante, envió ayer una carta a la militancia reconociendo que «los ajustes en el gasto público serán dramáticos», aunque culparon de ello al ahogo al que el Estado condena las finanzas catalanas.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) consideró ayer que «serán necesarias más demostraciones populares como la del 11 de setiembre para que el conjunto del pueblo catalán pueda decidir su futuro», vista la «incerteza» a la que aboca el acuerdo entre CiU y ERC. La formación independentista se refirió así a la cláusula del acuerdo según la cual ambos partidos podrían prorrogar la celebración de la consulta en función del contexto. Algo que, según la CUP, hace que el referéndum dependa «de los intereses coyunturales» de cualquiera de las dos fuerzas signatarias.
Con la representación parlamentaria recién estrenada, la CUP criticó que el acuerdo entre dos únicas fuerzas «debilita el impulso inicial de un proceso que requiere una fuerza política y social mucho más amplia». Por ello, se comprometieron a trabajar para que el referéndum se celebre en 2104, para que tenga un carácter vinculante y para que al día siguiente se traduzca «en decisiones políticas operativas y en el inicio de un proceso constituyente». También aseguraron que trabajarán para que «el proceso democrático hacia la independencia tenga como horizonte la liberación del conjunto de los territorios de los Països Catalans».
Sobre aspectos como el económico, la formación de la Esquerra Independentista aseguró esperar que «el acuerdo sobre un referéndum incierto no se convierta en un acuerdo firme para hacer recortes sociales».
Por su parte, el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, declaró que «el acuerdo entre CiU y ERC ha hecho pequeño el derecho a decidir», ya que «el 25 de noviembre el derecho a decidir fue más plural, más amplio, más diverso y más compartido», por lo que calificó el acuerdo de «excluyente». «Tenemos un acuerdo donde la consulta se la han quedado dos partidos y los recortes son de todos», añadió Herrera, que criticó fuertemente los aspectos económicos del acuerdo, sobre los cuales consideró que «nos abocan al abismo, porque socialmente ya no se pueden aguantar más recortes». B.Z.
Ante el previsible silencio del presidente del Gobierno español -Rajoy se limitó a decir que el separatismo «no tiene sentido»-, varios ministros se encargaron de amenazar a Catalunya desde diferentes frentes. Desde el político, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que la consulta «no es legal» y que la legislación española «da muchos mecanismos para poder frenar cualquier ilegalidad». Desde el económico, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que presentarán recurso al Tribunal Constitucional contra el impuesto sobre depósitos bancarios y advirtió de que el Gobierno podría dejar a Catalunya sin acceso al Fondo de Liquidez Autonómico si no cumple con el objetivo de déficit. Por último, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que la independencia «llevará la pobreza a Catalunya». El expresidente José María Aznar se mostró a favor de impulsar una declaración conjunta entre el PP, el PSOE y UPyD, «incluso con la participación de la dirección del Estado» -el Rey-, para hacer frente a lo que calificó como un «desafío soberanista» por parte de Artur Mas. B.Z.
