ELA censuró la actuación del anterior Gobierno de Gasteiz, que estuvo presidido por el PSE, ya que «estando en funciones, aprovechó sus últimas fechas para iniciar la tramitación del decreto de creación de la Comisión Vasca de Resolución de Discrepancias sobre la Inaplicación de Condiciones de Trabajo de los Convenios, que incorpora el arbitraje obligatorio», como fija la reforma laboral aprobada en Madrid.

Por eso, ELA exige su retirada inmediata y la paralización del decreto y pide al Gobierno de Urkullu que lo retire. «Su creación es equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en Euskadi y no viene impuesta por la Ley, por lo que su regulación se produce por mera voluntad del Gobierno vasco en funciones». Como denuncia la central que lidera Adolfo Muñoz, esa decisión tiene por objetivo «introducir en la CAV uno de los principales elementos de la reforma de Rajoy que más colisiona con el derecho a la negociación colectiva: el arbitraje obligatorio para inaplicar el convenio colectivo». Denuncia que el PSE se convierta en impulsor de «los arbitrajes obligatorios después de que el PSOE haya interpuesto recurso de inconstitucionalidad frente a ese concreto aspecto de la reforma, por entenderlo contrario a la autonomía de las partes».

Sin decreto, imposible

Sin este decreto, en la CAV «resulta imposible inaplicar un convenio sin un acuerdo entre las partes o sin su sometimiento voluntario a un arbitraje». Con él, sin embargo, esa barrera queda diluida y «se puede actuar en contra de los trabajadores». ELA no entiende esa postura porque se sabe que «la reforma laboral está generando más precariedad y desempleo».