Rato atribuye al Banco de España la fusión y al Gobierno la salida a Bolsa
Rodrigo Rato, que compareció como imputado en la causa sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia, atribuyó al Banco de España la fusión de las siete cajas de ahorros que formaron Bankia y mantuvo que el Gobierno de Zapatero forzó la salida a Bolsa de la entidad y el de Rajoy provocó la reformulación de las cuentas al aprobar en febrero de 2012 el decreto sobre el saneamiento de los activos inmobiliarios.
GARA |
El exvicepresidente del Gobierno español y expresidente de Bankia Rodrigo Rato reveló en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que, unos días antes de su dimisión, el Ministerio de Economía le pidió que realizara un nuevo plan de saneamiento sobre la entidad al considerar que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del Banco de España, no era viable.
En otro punto de su intervención cuestionó la actuación de la auditora Deloitte y mantuvo que su máximo responsable, Francisco Celma, le prometió el 3 ó 4 de mayo que las cuentas estarían listas «al día siguiente» aunque tuvieran que estar «toda la noche trabajando».
A este respecto, señaó que las salvedades planteadas por Deloitte nunca se refirieron al grupo sino a la situación del BFA en relación con la valoración de su acción en Bankia, los créditos fiscales y la valoración de su cartera promotora inmobiliaria..
El último plan
Rato, que no citó textualmente al ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que el nuevo plan, que se llamó «de desinversión, saneamiento y mejora», se elaboró para un escenario de estrés máximo, con una disminución del PIB del 3,8% y sin recuperación del empleo hasta el año 2013.
Fue presentado al Banco de España y al Ministerio de Economía el 4 de mayo, tres días antes de su dimisión, e incluyó mayores provisiones para contemplar posibles pérdidas a futuro. «Lo llamamos así porque ya se nos acababan los nombres», afirmó. El expresidente de Bankia añadió que el objetivo de este nuevo proyecto, que contemplaba 9.500 millones de provisiones adicionales al plan de abril, en el que también participó la auditora Deloitte, era generar la confianza de los inversores. El plan también contemplaba reducir de 19 a cinco los miembros del consejo de administración.
Sin embargo, según dijo el compareciente, el plan no obtuvo el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que él entendió como «una desautorización» que le llevó a presentar su dimisión el 7 de mayo.
Preguntado por las «negociaciones» que, según la exconsejera de Bankia Araceli Mora, Rato estaba manteniendo en esos días y que justificaron que Deloitte no avalara las primeras cuentas de la entidad, afirmó no saber a qué se refería y añadió en todo caso que esos contactos se habrían producido «después su cese». En este sentido, defendió que las cuentas de marzo, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, eran «la imagen fiel» de la entidad y que las reformuladas, que arrojaban unas pérdidas de 2.979 millones de euros, no representan su balance real.
Según sus cálculos, para recapitalizar el grupo eran necesarios 4.665 millones de euros frente a los casi 25.000 que precisa el presentado por el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
En relación con la fijación de la acción en la salida a Bolsa, que se cifró en 3,75 euros, el exdirigente del Partido Popular explicó que primero buscaron inversores aunque les pedían un descuento del 80% en el valor del título. También afirmó que la entidad tuvo que salir a Bolsa porque el Ejecutivo exigía un 8% de capital principal en la entidad y para llegar a ese porcentaje necesitaba salir al mercado y obtener 1.700 millones.
Al igual que los otros 32 exconsejeros de Bankia y su matriz, el BFA, como personas jurídicas, Rodrigo Rato está imputado indiciaria y genéricamente por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó ayer que el coste total de la reestructuración bancaria española para el contribuyente asciende a 52.000 millones de euros, una carga que consideró «demasiado elevada».
En la rueda de prensa para explicar los planes de reestructuración del segundo cuarteto de bancos españoles que necesita ayuda pública para sanearse (Liberbank, Caja3, BMN y CEISS), dijo que los cerca de 2.000 millones de euros que recibirán estas entidades en ayudas y los casi 37.000 millones de euros destinados a BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia «no son el único coste que el contribuyente debe afrontar». Eso es así porque en 2010 y 2011 seis de las ocho entidades que reciben ayudas públicas ya habían necesitado recursos públicos por 13.000 millones para mejorar sus niveles de capital, indicó. De esta manera, el total asciende a 52.000 millones de euros.
«El coste total de reestructuración bancaria para el contribuyente, 52.000 millones, es demasiado elevado y demuestra lo necesario que es completar cuanto antes un mecanismo común de supervisión y de resolución, y en esto estamos trabajando duramente durante estos meses», afirmó Almunia.
Las dos únicas entidades que no habían recibido ayudas públicas hasta ahora fueron Caja3 y Liberbank.
El Banco de España publicó ayer la cifra concreta que se destinará a las entidades que requieren ayuda estatal, y cifró dicha cantidad en 38.833 millones de euros. GARA
Varios centenares de afectados por las preferentes de Bankia esperaron la llegada de Rato para increparle -le llamaron «chorizo», «ladrón» y «malnacido»-. Luego por la noche se sabría que Bankia destinará un 2.3% de sus acciones en convertir las preferentes en subordinadas.
