El Congreso de los Diputados español aprobó ayer el presupuesto para 2013, caracterizado por una austeridad sin precedentes y un ajuste de 39.000 millones de euros, que fue denunciado por varios cientos de personas que llevaron a cabo en Madrid un «cortejo fúnebre» para denunciar «un presupuesto del hambre y la miseria». Toda la oposición, excepto UPN, criticó el proyecto presupuestario por «antisocial», por no contemplar una previsión real de ingresos y no incluir políticas de gasto para el crecimiento de la economía.

En medio de un clima social lastrado por un nivel de paro de más de 25%, el incremento de la pobreza y protestas casi diarias, este presupuesto pretenden sanear las cuentas públicas del Estado español, cuarta economía de la zona euro, sumergido en la crisis desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. La política de austeridad del Gobierno español es cada vez más criticada por los economistas, que la ven como un freno a la reactivación económica y con consecuencias sociales a largo plazo.

Organizaciones humanitarias alertan de que 12,7 de sus 47 millones de personas están al borde de la pobreza, según un reciente estudio europeo. Y esa cifra podría alcanzar en diez años los 18 millones, casi 40% de la población, constató un informe de varias organización no gubernamentales «si las políticas de austeridad y recortes sociales no se corrigen».

Esta semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió que 2012 fue el año «más difícil» y auguró que 2013 será el de «estabilización de nuestra economía». Sin embargo, 2013 se anuncia tan sombrío como el año que termina, y la salida de la recesión en la que está hundido el Estado español se hace esperar. El Ejecutivo espera una caída del PIB de 0,5% en 2013, tras el 1,5% de este año, pero la OCDE pronostica un retroceso mucho más importante, del 1,4%, para el año que viene.

La reactivación se presenta como hipotética si se tiene en cuenta que el presupuesto para 2013, aprobado gracias a la mayoría absoluta que la derecha tiene en el Congreso y denunciado como «antisocial» e «injusto» por la oposición, multiplica los recortes para ahorrar 39.000 millones de euros. Entre los recortes figura una reducción del 6,3% en prestaciones sociales, mientras que el Estado espera ingresos adicionales por 15.000 millones gracias a un aumento del IVA.

Los presupuestos ministeriales también serán reducidos. El de Industria cae un 21,3%; el de Agricultura, 25,4%, y el de Educación, Cultura y Deportes, un 17,2%.

La poderosa organización católica Caritas expresó su inquietud por la reducción de la ayuda al desarrollo de 45% con respecto al presupuesto de 2012.

Las autonomías también contribuirán con importantes recortes en sus presupuestos de Sanidad y Educación.

Los jubilados también se ven afectados después de que el Gobierno incumplió otra de sus promesas y decidió revalorizar las pensiones menos de lo previsto.

Este presupuesto, más restrictivo en el gasto que el de 2012, entra dentro de un plan de recortes dictado a Madrid por la UE, con el que se prevé ahorrar 150.000 millones de euros hasta 2014, para reducir un déficit público que alcanzó 9,4% del PIB en 2011.

Las cuentas han sido aprobados tras superar en el Senado ocho vetos e incorporarse 89 nuevas enmiendas, entre las que destaca la dotación de 23.000 millones de euros más al fondo de rescate autonómico en 2013, llamado técnicamente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Anoche varios cientos de personas realizaron una «marcha fúnebre» en Madrid, hasta las puertas del Congreso, para denunciar el «fraude» que en realidad es esta crisis.