A pesar del espejismo causado por la temporada navideña en el sector servicios, que en Nafarroa ni siquiera ha servido para revertir la tendencia, 2012 ha acabado con más de 221.000 trabajadoras y trabajadores engrosando las listas del paro, que alcanza cifras absolutas nunca vistas en la serie histórica y que, porcentualmente, solo se ve superado por el Estado español y Grecia, economías en bancarrota o en trance de estarlo. Además, casi la mitad de las personas desempleadas de este país, unas cien mil, no percibe ya ninguna prestación, lo que acentúa la gravedad de la situación al empujar a una parte importante de la población a la más absoluta pobreza. Sin matices ni paños calientes.

2012 ha sido nefasto para la clase trabajadora vasca, que a la merma de sus derechos laborales ha añadido la pérdida del propio empleo en muchos casos. Y lo peor, si cabe, es que en el horizonte solo asoma más de lo mismo; este año ya se da por descontado y nadie sabe decir cuánto tiempo será necesario para alcanzar cifras macroeconómicas que permitan crear nuevos puestos de trabajo. En todo caso, este sombrío panorama no debe alentar la conclusión de que lo que está ocurriendo es consecuencia inevitable de la crisis, porque igual que esta tiene responsables, las consecuencias de su gestión también son responsabilidad de quienes han diseñado la política que debía hacerle frente. Una política que, a la vista está, no ha permitido alcanzar los objetivos que en teoría perseguía, aunque quizá no pueda tildarse de fallida, porque sí ha beneficiado a quienes siempre han estado cerca de los gobernantes.

Las reformas y recortes aplicados al alimón entre Madrid, Gasteiz e Iruñea han propiciado una situación de paro desbocado, pobreza y desmantelamiento de todo tipo de derechos sociales y laborales. Aguardar a que escampe, a que la situación mejore y que quienes han causado este estropicio lo arreglen, es un lujo que este país y su clase obrera no pueden permitirse.