La imputación, a causa de una denuncia anónima, de una agente de la Policía Municipal de Iruñea por hacer lo que en principio debería ser su cometido, multar a un vehículo mal aparcado, es el último ejemplo conocido del clima caciquil que se ha instalado en la capital navarra. El titular del coche sancionado, un cargo de libre designación, no solo logró que le eximieran de pagar la multa, sino que además ni siquiera tuvo que abonar el coste del traslado por parte de la grúa. Al parecer, una simple llamada es suficiente para hacer que las infracciones desaparezcan cuando quien las comete está lo suficientemente cerca del Gobierno.

En este caso, además, vuelve a aparecer el nombre de Simón Santamaría, un personaje conocido por la sociedad iruindarra por estar implicado en casi todos los escándalos protagonizados por la Policía Municipal en los últimos años, especialmente en la persecución ejercida contra el tejido asociativo y vecinal de la ciudad. La actitud de Santamaría, un exmilitar que dirige este cuerpo policial con puño de hierro, ha sido objeto de denuncias reiteradas tanto por parte de la oposición como de un sinfín de colectivos sociales. Sin embargo, UPN lo mantiene como garante de la fidelidad de su fuerza de choque. Y si algún subordinado osa rebelarse, las consecuencias son fulminantes. La suspensión de empleo y sueldo de cinco policías en octubre y el acoso sufrido por la agente imputada son prueba de ello.

El ambiente político y social de Iruñea y del conjunto de Nafarroa se ha viciado hasta el punto de hacerse casi irrespirable. Prácticamente no hay semana en la que no salte a la luz pública un nuevo caso representativo de los desmanes de los gobiernos de UPN, tanto en el ámbito económico como en el estrictamente político. Décadas instalados en el poder han alimentado el despotismo de quienes, además, parten del convencimiento de que su estatus es inamovible. Esa convicción, sin embargo, acabará siendo desmontada por una sociedad harta de políticos que juegan a ejercer de caciques.