La denuncia hecha pública ayer por el sindicato ELA sobre la financiación de la patronal y los sindicatos UGT y CCOO de Nafarroa, basada en un informe de la Cámara de Comptos, plantea un asunto muy grave en torno al ya bastante desprestigiado diálogo social, un instrumento necesario siempre y cuando cumpla su cometido y las partes acudan a él con voluntad de acuerdo y para solucionar los problemas. Pero si se concibe como una oportunidad de hacer negocio, como algo que tiene un valor monetario en vez de como un bien para un mejor funcionamiento de la sociedad en su conjunto, los agentes que participan en él no hacen sino pervertirlo. Cuando un sindicato se embolsa grandes cantidades de dinero a cambio de apoyar ciertas políticas, ese encuentro no se puede denominar diálogo social, sino puro tejemaneje al servicio de intereses que no son los de la sociedad a la que debe beneficiar, sino justamente los contrarios. Se trata de la apropiación y desnaturalización por parte de la patronal y algunos sindicatos, con la connivencia interesada de la Administración, de ese diálogo cuyo resultado debería ser la creación de empleo, la mejora de la calidad del mismo y de las condiciones de los trabajadores en general. Sin embargo, pasar por alto las políticas cuyas consecuencias son todo lo contrario, aunque lo llamen «diálogo social», al parecer, tiene un precio. Un elevado coste social.