FISA (Foreign Intelligence and Surveillance Amendments Act) fue aprobada en 1978 por el mandatario estadounidense Jimmy Carter y tenía como objetivo establecer procedimientos para la vigilancia física y electrónica además de recolectar todo tipo de información relacionada con ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes sospechosos de efectuar labores de espionaje. En el 2008 FISA fue aprobada con carácter retroactivo y a finales del 2012 se renovó hasta el 2017. Durante este proceso de renovación se produjo un conflicto entre aquellos defensores de las libertades civiles que advertían esta ley como un atentado a la privacidad de los ciudadanos.

Según Caspar Bowden, ex-asesor jefe en materia de privacidad de Microsoft en Europa y uno de los redactores de este informe, «la enmienda creada otorga a Estados Unidos un poder de vigilancia masiva específicamente dirigida a los datos de personas no estadounidenses ubicadas fuera del país que utilicen servicios en la nube».

Esta ley señala que las empresas estadounidenses con presencia en la Unión Europea pueden estar obligadas a través de una orden secreta de vigilancia -dictada a su vez por un tribunal de forma secreta- a entregar datos que pertenezcan a cualquier ciudadano europeo. Según afirma Bowden, la mayoría de las agencias de espionaje de los países monitorean las comunicaciones en tiempo real, como correos electrónicos o llamadas telefónicas, de aquellos grupos bajo sospecha con motivo de la seguridad nacional. FISA, en cambio, autoriza expresamente el monitoreo de estas comunicaciones en tiempo real y los datos en la nube vinculados con sede en el extranjero. Incluso más, ya que permite que Estados Unidos pueda obligar a los proveedores de servicios en la nube como Google a que ofrezcan los datos que requieran de los usuarios europeos.