La multinacional que ha sido multada reiteradamente con más de 6 millones de euros por engañar a todos los navarros, y a la propia Comisión Nacional de la Competencia que la investigaba, por habernos robado más de 100 millones de euros, está a punto de darnos duro de nuevo, esta vez con la connivencia del propio Gobierno Foral si como pretende se llegan a quemar los residuos en las instalaciones de Pórtland en Olazti.

Para entender cómo se ha llegado a esta situación de imposición, y las maquinaciones de todo tipo que se han empleado, hay que saber de donde se parte y a donde se llega en este caso que debería guardarse en las vitrinas del horror moral y de las aberraciones más extremas.

La situación de partida es que Cementos Pórtland Valderrivas debe presentar unas cuentas que permitan a las Koplowitz seguir en el negocio cementero, que se ha convertido en la oveja negra de FCC. Para ello piden resultados, y el Presidente Béjar y su segundo Aracama (ex Consejero del Gobierno de Navarra) les han puesto encima de la mesa un plan que contempla más despidos y más incineración en todas sus plantas.

La planta de Olazti, una de las que mantiene el tipo, con unas cuotas de producción de cemento normales no hace tanto tiempo, no puede dejar pasar la coyuntura sin entrar en el negocio de la gestión de residuos de su matriz FCC, recuperando así la multinacional lo que le hubiera supuesto la más que probable adjudicación de la construcción y gestión de la incineradora de Navarra, una planta que acaparaba el 90% del presupuesto del PIGRN (Plan de Residuos de Navarra).

Tras descartarse felizmente la construcción de la planta, por cierto, consecuencia del rechazo en Navarra de partidos que no se han opuesto a ello en el País Vasco, el Gobierno de Navarra, frustrando las expectativas que sobre una nueva política de gestión de residuos sin hornos había despertado la decisión, apuesta porque la empresa que más le ha timado y engañado pueda quemar los residuos del PIGRN en su planta de cemento, desoyendo así a todos los ayuntamientos de la zona, (incluidos todos los limítrofes de la Llanada Alavesa) también a los de Tierra Estella, y a muchos del resto de Navarra entre ellos Tafalla, que se oponen a la incineración, también en la cementera.

La pregunta no es ya el por qué sino el cómo se puede cometer semejante salvajada en el fondo de un valle, tan cerca de las poblaciones, de los Parques Naturales de Urbasa-Andia, Aralar, Entzia, Aratz-Aitzkorri, del Urederra, de los acuíferos, de Urdalur..., si todas estas circunstancias hicieron que en el estudio de emplazamientos para la ubicación de la planta de última tecnología del PIGRN, la más adecuada para quemar los residuos, se descartara esa zona.

Aquí cobra verdadera dimensión la tremenda injusticia construida sobre la mayor impostura ética y moral que puede darse para hacerlo posible, bajo un clamoroso doble fraude de ley. Por una parte, el Gobierno de Navarra dice que esa empresa hará cemento y que por eso, el quemar esos residuos no se puede considerar una actividad de incineración, sino de coincineración, y que además, esa nueva actividad y las instalaciones necesarias para ello deben formar parte de la política pública de la Comunidad Foral en la gestión de residuos, por lo que debe tramitarse como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS).

En efecto, la filial de la multinacional de las basuras FCC sí hará (menos) cemento, pero quemando miles y miles de toneladas de residuos, para lo cual debe construir unas nuevas instalaciones y ha debido inscribirse como gestor finalista de residuos; además, para «seguir con la misma actividad», es decir, producir cemento, necesita otra nueva autorización diferente a la que ya dispone para ello, porque ahora va a «coincinerar» 56500 toneladas de residuos, que suponen, no el 15% de «sustitución», la media del estado que decía Pórtland que le haría falta para ser «competitiva» haciendo cemento, ni el 28% la media europea, sino ¡ más del 50%! Y mucho nos tememos que sea sólo el comienzo, porque esta empresa no va a parar de «ayudar» al Gobierno de Navarra a quemar las 140000 toneladas de residuos que esperan para ser «valorizadas energéticamente» mediante su incineración en una planta moderna de altas prestaciones y tecnología.

Si se opta por «valorizarlos» mediante su «coincineración», significa que con una capacidad de emisión de gases entre 20 y 30 veces mayor que una incineradora, y con unos límites de emisión más altos, Pórtland podría realizar su nueva actividad a 460 metros del colegio público de Olazti, pegada a nuestros Parques Naturales y a los acuíferos de Sakana.

Todo el despropósito anterior va unido a la nula voluntad del Gobierno de Navarra por buscar otra salida a los residuos que no pase por los hornos de incineración, o «coincineración» y ello hace que otras formas de gestión de residuos basadas en la reducción, reutilización y el reciclaje se encuentren en clara desventaja ante la competencia desleal de una actividad que podrá sortear los problemas de rentabilidad de las incineradoras, que tienen que pagar más tasas e impuestos y están sujetas a mayores controles por realizar una actividad de incineración sin «co».

El segundo fraude lo constituye el PrSIS. Salvado el tema de las distancias, actividades etc., restaba un «pequeño» escollo relacionado con la autonomía municipal de Olazti que, tremenda osadía, dispone de unas normas urbanísticas en vigor desde el año 1998 que prohíben cualquier instalación que tenga por objeto el almacenamiento y dosificación de residuos para ser utilizados como combustibles. Por lo tanto, el informe vinculante de compatibilidad urbanística con el ordenamiento local que la empresa necesitaba para la tramitación de su proyecto, solo podía ser y así lo es, negativo, lo que supondría el archivo del proyecto.

Nada insalvable para un Gobierno que solventa estos contratiempos a golpe de planes y proyectos de incidencia supramunicipal (PSIS) para favorecer intereses privados, como también ocurre con el PSIS de Donapea, con el agravante que en el caso de Pórtland, ese ataque a la autonomía municipal tendrá consecuencias gravísimas de salud pública.

Para rematar la faena, en lugar de abrirse un verdadero periodo de participación pública como manda la norma europea en un tema que a todos nos afecta, en el que se puedan presentar y estudiar otros modelos de gestión de residuos, se tramita en un tiempo récord todo el expediente en un mismo paquete (el expediente ambiental, la nueva AAI y el PrSIS ). Todo ello, porque la aprobación del PrSIS es necesaria para obtener la compatibilidad urbanística, competencia que se debe usurpar al Ayuntamiento de Olazti, y así poder aprobar la nueva Autorización Ambiental Integrada(AAI); y a su vez necesita esta AAI para aprobar el PrSIS. Como muestra de la mala fe demostrada en todo este proceso está el hecho de que se hace coincidir una exigua exposición pública de todo ello con el periodo vacacional de agosto.

No tenemos lo que nos merecemos y no puede ser que nos impongan la incineración en Navarra de esta forma tan burda. Estamos ante el mayor crimen que se puede cometer en suelo navarro y no podemos dejar que esta salvajada se produzca.

No es un problema de las zonas afectadas, es un problema de toda Navarra por lo que pedimos a toda la sociedad que esté atenta a las movilizaciones que organizaremos para parar esta bestialidad.