Puede parecer difícil de creer, pero Francia, la patria de los Derechos Humanos, la quintaesencia de la progresía, la bandera de la laicidad, es profundamente conservadora y sigue anclada en rancias estructuras mentales y sociales a pesar de dos siglos de educación republicana. Y es ese esquema anticuado el que permite que en el siglo XXI numerosos representantes políticos se encontraran ayer en París, ataviados con sus bandas tricolor, manifestándose contra el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas gays o lesbianas.

Que medio millón de homófobos se manifiesten en París es de preocupar. Pero hace décadas ya se protestó masivamente contra la ley del divorcio y hoy a nadie en su sano juicio se le ocurre negar ese derecho. Es más, que medio milllón de homófobos se manifiesten puede ser una esperanza de futuro si el dicho aquel es cierto, ése que afirma que los que más alardean de homofobia en realidad lo hacen por esconder su propia homosexualidad, como si ese sentimiento fuera una tara, una debilidad, algo impropio de la naturaleza humana.

Los parlamentarios franceses se enfrentan a una nueva ley del divorcio, la que debe separar de una vez a la Iglesia católica y al Estado, la que por encima de esta cuestión concreta, debe acatar para siempre los mismos derechos para todas las personas.

Porque las democracias no pueden sostenerse sobre derechos arbitrarios. En Madrid por ejemplo creen que sí. En París parece que se lo piensan. Y en Bilbo ya han dejado claro que no, que todas las personas deben beneficiarse de los mismos derechos. Y por mucho que España se resista, esto acabará en divorcio.