Las medidas antisociales adoptadas por el Gobierno español y su aplicación casi automática, al margen de escaramuzas legales, por los ejecutivos autonómicos de Lakua e Iruñea están propiciando situaciones realmente esperpénticas, como las que rodean a la eliminación por decreto de la segunda paga extraordinaria de 2012 para miles de trabajadores públicos. En este caso, son los empleados eventuales de la administración de la CAV cuyos contratos concluyeron antes de que el Tribunal Constitucional paralizara el abono de dicha paga quienes van a tener que devolver la parte proporcional que cobraron con el finiquito.

No es necesario hacer un gran ejercicio de empatía para comprender qué sentimiento puede albergar una persona a la que le obligan a desembolsar parte de lo cobrado semanas o meses antes vía finiquito, con lo que este concepto supone además para cualquier trabajador, y las consecuencias que suele acarrear. En este sentido, afirmar que se está buscando la fórmula «menos lesiva» para recuperar ese dinero no deja de ser un cruel sarcasmo, ya que no se trata de una medida aislada, sino del enésimo guantazo a los derechos laborales de los afectados. Por otra parte, si bien los actuales gestores autonómicos pudieron argumentar, con poco éxito entre los trabajadores y sus representantes sindicales, que la admisión a trámite del recurso del Gobierno español por parte del Alto Tribunal paralizaba de facto el ingreso de la paga, la reclamación de su sueldo a los eventuales no tiene fácil defensa. Lakua, en este caso, no ha sentido apremio alguno, y el embargo lo ha decidido aplicar motu proprio, sin esperar siquiera a conocer el pronunciamiento del Constitucional.

Si la eliminación de la paga extra a los funcionarios y el resto de empleados de la administración pública es una agresión a sus derechos, episodios como este van más allá y constituyen una falta de respeto a los trabajadores afectados, cuyo proyecto vital está siendo zarandeado sin ningún pudor por las instituciones.