Las medidas antisociales adoptadas por el Gobierno espa�ol y su aplicaci�n casi autom�tica, al margen de escaramuzas legales, por los ejecutivos auton�micos de Lakua e Iru�ea est�n propiciando situaciones realmente esperp�nticas, como las que rodean a la eliminaci�n por decreto de la segunda paga extraordinaria de 2012 para miles de trabajadores p�blicos. En este caso, son los empleados eventuales de la administraci�n de la CAV cuyos contratos concluyeron antes de que el Tribunal Constitucional paralizara el abono de dicha paga quienes van a tener que devolver la parte proporcional que cobraron con el finiquito.

No es necesario hacer un gran ejercicio de empat�a para comprender qu� sentimiento puede albergar una persona a la que le obligan a desembolsar parte de lo cobrado semanas o meses antes v�a finiquito, con lo que este concepto supone adem�s para cualquier trabajador, y las consecuencias que suele acarrear. En este sentido, afirmar que se est� buscando la f�rmula �menos lesiva� para recuperar ese dinero no deja de ser un cruel sarcasmo, ya que no se trata de una medida aislada, sino del en�simo guantazo a los derechos laborales de los afectados. Por otra parte, si bien los actuales gestores auton�micos pudieron argumentar, con poco �xito entre los trabajadores y sus representantes sindicales, que la admisi�n a tr�mite del recurso del Gobierno espa�ol por parte del Alto Tribunal paralizaba de facto el ingreso de la paga, la reclamaci�n de su sueldo a los eventuales no tiene f�cil defensa. Lakua, en este caso, no ha sentido apremio alguno, y el embargo lo ha decidido aplicar motu proprio, sin esperar siquiera a conocer el pronunciamiento del Constitucional.

Si la eliminaci�n de la paga extra a los funcionarios y el resto de empleados de la administraci�n p�blica es una agresi�n a sus derechos, episodios como este van m�s all� y constituyen una falta de respeto a los trabajadores afectados, cuyo proyecto vital est� siendo zarandeado sin ning�n pudor por las instituciones.