Colectivos sociales de Bizkaia denunciaron ayer que Lanbide, con el necesario aval del Gobierno de Lakua, está suspendiendo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a perceptores que se encuentran en situación de grave exclusión social, por el hecho de estar empadronados en pisos de acogida o inserción, en albergues o bajo recursos residenciales de diversas asociaciones. Al parecer, se trata de una orden interna del organismo público, según la cual estar cobijado bajo techo es motivo para retirar a miles de personas el único ingreso al que tienen acceso.

Las consecuencias de esta decisión son tan nefastas como evidentes: al privar de la RGI a toda esa gente, se les está impidiendo cualquier opción de rehacer sus vidas, de buscar salidas profesionales y poder pagar en algún momento un alquiler o una pensión. Se les está obligando, en definitiva, a seguir siendo dependientes, a vivir en la calle, sin perspectivas y con la mendicidad y la delincuencia como única salida. Quienes gestionan Lanbide deben considerar que hasta ahora se ha llevado a cabo un alarde de solidaridad con aquellas personas de nuestra sociedad que son más vulnerables, que viven su cotidianidad como un drama. Un colectivo que además es cada vez mayor debido a la crisis y a la gestión que de ella han hecho, precisamente, quienes ahora pretenden retirarles su último asidero.

Este nuevo recorte en las políticas sociales responde a una mentalidad ruin, la misma que lleva años poniendo el foco sobre el llamado fraude social y se niega a poner coto al fraude fiscal, que sigue causando una sangría en el erario. Solo desde esa mezquindad puede detraerse una cantidad de dinero que es irrisoria en el presupuesto público pero que marca la diferencia entre la esperanza y la desesperación para los afectados. ¿Cuánto pretenden ahorrar a costa de dejar inermes a tantas de personas? Con la crisis está saliendo a flote la purulencia de un sistema injusto al que no importa desprenderse de miles de seres humanos.