El 4 de enero, un incendio destruyó una casa patronal de los Luchsinger (familia latifundista de origen suizo llegada en 1905) en Vilkún, provincia de Cautín, en la IX región de Araucanía (Ngulu Mapu). En el mismo murieron sus dos ocupantes: Werner Luchsinger y Vivianne McKay. El día anterior se cumplían cinco años de la muerte del joven Matías Catrileo, (asesinado por la espalda con tres balazos de UZI, efectuados por Walter Ramírez, cabo de los Grupos de Operaciones especiales -GOPE- de Carabineros, cuando participaba en la ocupación de un fundo de los Luchsinger). Los mapuche fueron responsabilizados de inmediato y, al hilo, los poderes fácticos respondieron a una, siguiendo el guión establecido hace años.

Los carabineros dijeron que el incendio -«atentado incendiario»- había sido obra de 20 encapuchados, mapuche, sin duda alguna. Horas después fue detenido, a kilómetro y medio de la casa y con un balazo en el pecho, Ceferino Córdova (26 años). El 9 de enero se le unió su hermano José (30 años). Según informaciones del diario «La Tercera» (9 de enero), la evidencia para esta detención serían «ropas y asociados».

Además, allanaron, con nocturnidad y alevosía, las contiguas comunas mapuche, hiriendo a niños y vejando a los demás pobladores.

El Gobierno, por su parte, aplicó la pinochetista Ley Antiterrorista y declaró el estado de sitio en Vilcún. Ordenó también el envio de más carabineros a la zona. Los hechos «no dicen relación con el pueblo mapuche», sino «con un grupo muy menor, muy pequeño, pero que desarrolla acciones extremistas», dijo el ministro de interior, Andrés Chadwick, aludiendo a la Coordinadora de comunidades en resistencia Arauko-Malleko (CAM).

Días después, el ministro de la presidencia, Cristian Larroulet, refiriéndose a varios sabotajes (quema de camiones de empresas forestales) señaló que «hay un grupo terrorista organizado con nexos internacionales, capacitación, entrenamientos y contactos con las FARC». En otras ocasiones, era el largo brazo de ETA.

«Esto demuestra que hay un grupo de extremistas muy violento, muy organizado que está sembrando terror y pánico en la Araucanía. Esa es la verdad, no se trata de hechos aislados», añadió el senador Alberto Espina, del pinochetista partido Renovación Nacional (RN).

No se quedó atras la también senadora Ena von Baer, quien a través del muy derechista «El Mercurio» llamó a la unidad de «todos los valientes» del país para afrontar los últimos hechos de «terrorismo»; «no podemos permitir que se crean dueños del territorio». Una no tan velada llamada al uso de las armas por parte de los latifundistas (o «agricultores», como se denominan a sí mismos). De hecho, hay serias sospechas de que los grupos paramilitares que acosan al pueblo mapuche, el Comando Hernán Trizano (siniestro fundador de Carabineros a fines del XIX), están financiados y organizados por Jorge Luchsinger y sus pares.

Esta unidad de acción entre empresariado, Gobierno, fuerzas represivas y medios de comunicación no es, como veremos más adelante, ni nueva ni casual.

Mónica Quesada, madre del asesinado Matías Catrileo, dijo que «cuando mataron a Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar (rasero) ellos muestran su real cara». Agregó que una larga lista de autoridades, partiendo por el presidente Piñera «vienen con todo su despliegue» tras este nuevo atentado «y esas cosas efectivamente (demuestran) como que no funciona para todos igual».

Criminalización: responde la CAM

De hecho, los medios de comunicación, por ejemplo, auténticas cajas de resonancia del Gobierno, los latifundistas y las empresas que explotan bosques y recursos hidraúlicos del territorio ancestral, del Wallmapu, silencian todo cuanto se relaciona con la nación mapuche, como la huelga de hambre que desde el 14 de noviembre mantienen los presos políticos mapuche Héctor Llaitul y Ramón Llankileo, ambos miembros de la CAM.

La CAM, por su parte, a través de un comunicado, ha señalado que «la actual arremetida represiva, ha sido preparada por el Gobierno de turno y tiene como único objetivo estratégico desviar la atención y reprimir salvajemente al Pueblo Nación Mapuche para dar luz verde a la consolidación, a largo plazo, de las actividades extractivas en los sectores pesquero, forestal, minero y energético. Para continuar con el despojo del Wallmapu por parte del capitalismo transnacional».

Niegan que el incendio fuera obra suya y sugieren la posibilidad de un montaje: «rechazamos, nuevamente, dichas acciones y aseguramos que ellas solo sirven a los intereses del empresariado y del Gobierno que defiende sus intereses, razón por la cual no nos queda más que pensar en la tesis de la infiltración derechista de algunos grupos, cercanos a las comunidades mapuche, a través de operadores que pudiesen estar instigando a cometer acciones que sirvan de excusa para reprimir y detener el avance hacia la reconstrucción del Pueblo Mapuche y su liberación nacional».

La sugerencia no es tan absurda como a alguien pudiera parecerle: Jorge Luchsinger, primo del finado Werner, ultraderechista y declarado admirador de Pinochet, ha denunciado más de 30 ataques en su contra; todos, en su opinión, eran de autoría mapuche. Así, el 9 de junio de 2005, su esposa y él mismo fueron golpeados por un grupo de ocho personas que también incendió varias edificaciones de su propiedad. Al parecer, el ataque fue organizado por él mismo para influir en los juicios que, en ese momento, se desarrollaban contra la CAM.

El carácter de Jorge Luchsinger puede resumirse con unas declaraciones suyas hechas en las fechas del ataque: «El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es recolector, vive a cuenta de la naturaleza, no tiene capacidad intelectual alguna, no tiene coraje, no tiene recursos económicos, no tiene nada. Aunque se les den tierras, seguirán siendo pobres».

El despojo

Los mapuche resistieron con éxito todo tipo de invasión, desde los incas a la Corona de Castilla. No tuvieron tanta suerte, sin embargo, con los nuevos estados argentino y chileno que sucedieron a la dominación colonial castellana: dos campañas militares prolongadas durante 20 años -Campaña del desierto, en Argentina, y Campaña de Pacificación de la Araucanía, en Chile- arrebataron sus tierras a los mapuche. Igual que entonces, hoy en día la posesión de estas y la gestión de los recursos naturales que albergan son el motivo de la incesante represión contra la nación mapuche.

El Estado chileno no perdió el tiempo y en 1883 empezó a colonizar las fértiles y ricas tierras conquistadas. Estas se dividieron en lotes que fueron entregados a colonos centroeuropeos, alemanes y suizos principalmente.

También los mapuche recibieron lotes. En total sumaban 500.ooo hectáreas. En 1641, a través del Parlamento de Quillin, la Corona de Castilla les había reconocido un territorio de 10 millones de hectáreas.

La historia de la familia Luchsinger ilustra cómo se desarrolló este proceso, este despojo: los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger («enganchado» en Europa por la Agencia de Colonización) compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.

También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilkún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero por parte del Gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.

Las trampas para robar las tierras a los mapuche van desde crearles deudas en las tiendas de los colonos y latifundistas a requisar las tierras mapuche considerándolas baldías.

Forestales, energéticas y la CAM

En la actualidad, a los latifundistas hay que unir los intereses de las compañías energéticas, las forestales y las mineras.

Los intereses económicos de todos estos sectores son coincidentes con los del Estado chileno que, entre otras cosas, busca su posicionamiento estratégico regional en base a la producción de energía. Por otro lado, no es difícil imaginar que son las mismas personas que manejan los hilos de estas compañías las que gobiernan la República de Chile y son propietarios de los medios de comunicación. Nada es casual.

Un ejemplo de interacción es Fernando Leniz, otro enemigo declarado del pueblo mapuche. Formó parte del gabinete de Augusto Pinochet, como ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Trabajó en Endes y «El Mercurio», del que fue gerente y presidente para, hoy en día, ser el presidente de su empresa editora.

En sus tiempos de ministro fue uno de los más firmes impulsores de la política de forestación del Wallmapu, atrayendo para ello capitales extranjeros. No es extraño que tenga participación en cerca de treinta empresas dedicadas a la plantación de pinos y eucaliptus destinados a la fabricación de celulosa.

Volterra Ltda., Forestal Arauco y Mininco SA son tres empresas en permanente conflicto con el pueblo mapuche. Casi todos los incidentes están relacionados con ellas.

Su negocio es el monocultivo de pino y eucalipto. Forestal Arauco es propiedad de la familia Angelini y Mininco de los Matte. Solo esta segunda tiene 547.151 hectáreas dedicadas al monocultivo. Tienen también participación en diferentes empresas papeleras.

El enemigo a batir es la CAM, que nace en 1997. Se forma como reacción a las vías ensayadas por los mapuche en las décadas precedentes y que tenían en la ocupación simbólica de tierras y en la negociación sus señas de identidad más destacadas y que consideran agotadas.

La CAM se considera como el «embrión de un movimiento de liberación nacional». Su actuar se basa en las ocupaciones efectivas: toda tierra ocupada es deforestada y, de inmediato, se prepara para otros usos productivos, como el agrícola-ganadero. En 10 años ha conseguido recuperar 18.000 hectáreas de este modo. Está, de facto, dificultando los planes estratégicos del Estado y oligarquía chilenos, lo cual le convierte en un peligro a combatir por cualquier modo: paramilitares, criminalización y judicialización, torturas y violaciones.

Otra de las estrategias es cooptar comunidades con dinero, con fondos procedentes, en especial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta fue la herramienta utilizada por Endesa (propiedad de la española) para construir en el Bio Bio las tristemente famosas represas de Ralko.

Los miembros de la CAM -no alcanzan, por lo general, los 50 años- suelen ser acusados de atentados «terroristas» en base a «testigos sin rostro» y condenados a largas penas de cárcel.