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Denuncian el cobro del impuesto de plusvalía a desahuciados en Gasteiz

La plataforma Kaleratzeak Stop Araba y el grupo municipal del PNV denunciaron ayer que el Gobierno local de Gasteiz, en manos del PP, está cobrando el impuesto de plusvalía a las personas afectadas por los desahucios. Una vecina de Aranbizkarra deberá pagar 7.000 euros.

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GARA | GASTEIZ

El grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento de Gasteiz denunció ayer que el Gobierno local, en manos del PP, ha solicitado el pago del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el impuesto de plusvalía, a personas que han padecido el lanzamiento hipotecario de sus viviendas. Una situación de la que también se hizo eco la plataforma Kaleratzeak Stop Araba.

En un comunicado, la formación jeltzale señaló, a modo de ejemplo, que el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, está reclamando 7.000 euros en concepto del citado impuesto a una mujer que hace tan solo unos días estuvo a punto de perder su vivienda por la ejecución de una orden de desahucio.

El concejal del PNV Álvaro Iturritxa criticó que esta situación afecta a una persona que en la actualidad tiene embargado su salario, y lamentó que, «mientras públicamente Javier Maroto se postula como defensor de la víctima de un desahucio, le está reclamando el pago abusivo de un impuesto».

Iturritxa también destacó que el Gobierno del PP vulnera la normativa foral y actúa en contra de lo dispuesto en una iniciativa presentada por el PNV. Según explicó el edil, las dos normas legislativas obligan al Ejecutivo local a no cobrar a partir de este año el impuesto de plusvalía a aquellas personas que tienen que abandonar sus viviendas por la ejecución de un proceso de desahucio.

Por su parte, la plataforma Kaleratzeak Stop Araba calificó de «lamentable y poco serio que desde la Alcaldía se haya mostrado un auténtico show mediático en relación a los desahucios durante estos días, intentando en algunos casos arrogarse méritos que no le corresponden y, al mismo tiempo, se esté cobrando un impuesto de plusvalía a las familias desahuciadas».

Nada de «medallas»

Estas acusaciones no obtuvieron respuesta alguna durante la Comisión de Urbanismo y Espacio Público celebrada ayer en el Consistorio. En la misma, el regidor, cuya comparecencia había sido requerida por Bildu, destacó su «pequeña intervención» para evitar el desahucio de una vecina de Arabanbizkarra. La misma a la que ahora se le pide el pago de 7.000 euros por el impuesto de plusvalía.

Las palabras autocomplacientes de Maroto se encontraron de frente con las críticas de la oposición. En representación de la coalición soberanista, Itziar Amestoy aseguró que el alcalde no ha «hecho nada» para evitar los desahucios hasta que no ha tenido la posibilidad de «colgarse una medalla» por ello.

Asimismo, Iturritxa, que denunció el cobro del impuesto de la plusvalía ante los presentes en la comisión, recordó que el pasado viernes, fecha en la que se iba a desalojar de su vivienda a la víctima del lanzamiento, los colectivos sociales de la capital alavesa hicieron «muchas gestiones» para defender a la afectada y «nadie salió a decirlo».

Desde el PSE, Marian Gutiérrez, que calificó de «bastardo» utilizar los desahucios y los lanzamientos para intentar «ganar medallas», indicó que el Gobierno local tiene que poner en marcha las medidas de actuación acordadas el pasado mes de noviembre por los cuatro grupos municipales.

Estas medidas quedaron recogidas en una moción en la que se insta al Ejecutivo local a revisar sus relaciones con las entidades financieras dependiendo de las decisiones que adopten sobre los desahucios.

El Senado español rechaza paralizar los desahucios

El Senado español rechazó ayer con los votos en contra del PP una moción en la que se instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a acordar la paralización de los desahucios de primeras viviendas de aquellos deudores «de buena fe» inmersos en un proceso hipotecario, judicial o extrajudicial, hasta la aprobación de los cambios legislativos necesarios para «garantizar su independencia e impedir malas prácticas». En el texto también se instaba al Gobierno de Madrid a que el conocido como «banco malo» destine una parte del parque inmobiliario a vivienda social de alquiler en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales. GARA

FONDO DE ALQUILER

Hoy se firmará el convenio para la puesta en marcha del fondo social de alquiler para personas desahuciadas, al que Kutxabank aportará 150 viviendas, de las que un centenar está fuera de la CAV. El fondo contará en todo el Estado con unos 6.000 inmuebles.

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